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El 57,7% de los extremeños no sabe a quién acudir si tiene un problema legal, pero a pesar de ello los ciudadanos "se muestran activos y actúan para defender sus derechos lo que indica que los hábitos han cambiado y que la simple queja ha dado paso a la reclamación".

  

En este sentido, entre el 50% y el 76,5% de los ciudadanos que viven en Extremadura, en función del tipo de problema vivido, reclaman, aunque "en muchas ocasiones de forma poco idónea ya que se dejan guiar por los propios establecimientos o entidades con los que tiene la queja o por las administraciones públicas".

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Así se desprende de un estudio desarrollado por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Cataluña.

La directora del informe, la socióloga Montserrat Martínez, aseguró que les "ha llamado la atención la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema, ya que esperan resolver un conflicto acudiendo o a una de las partes implicadas o a las instituciones públicas y organizaciones sociales".

En el caso de las instituciones públicas, los ciudadanos "presuponen objetividad" y en el segundo "les otorgan una competencia que a veces no existe, ya que no siempre su función es defender los intereses particulares de una persona", aseveró.

ARAG destaca en nota de prensa que la "desorientación legal" que manifiestan los ciudadanos de Extremadura, algo más alta que la media nacional, que se sitúa en un 54,3%, y "hace que, aunque se reclame, no siempre sea de forma idónea".

De esta forma, en los ámbitos laboral y auto, se reclama de forma eficaz en el 50% y 40% de los casos respectivamente, mientras que en vivienda la cifra desciende al 30,3% y en consumo al 13,8%, apunta.

LOS ABOGADOS SÓLO PARA CASOS GRAVES

Apunta esta compañía que los ciudadanos que aseguran saber a quién acudir en caso de un problema y que tienen claro que quien mejor les representará es un abogado (52,6%), "también mencionan y utilizan otros canales de reclamación como organizaciones de consumidores, la administración y gestorías, entre otros".

Esto se produce, según se deduce del estudio, porque "muchos ciudadanos creen que los abogados sólo deben utilizarse en casos graves y tienden a pensar que defender sus derechos conlleva la obligatoriedad de iniciar un proceso judicial", explica.

"Que un ciudadano reciba asesoramiento legal cualificado y que reclame no implica que deba ir a juicio. La principal función del abogado es utilizar todos los mecanismos posibles para defender sus intereses de forma rápida y eficaz. Según nuestra propia experiencia, sólo el 16% de los casos se resuelven en un juicio" aseguró la directora de Comunicación Corporativa de la empresa ARAG, Virginia Tusell.

Esta compañía, especializada en asistencia jurídica, tiene más de 13 millones de clientes y tramita más de 300.000 casos al año.

MAPA DE LOS PROBLEMAS LEGALES DE LOS EXTREMEÑOS

En el III Estudio ARAG sobre los Españoles y los Servicios Jurídicos, los extremeños manifiestan haber sufrido menos problemas que otros ciudadanos españoles.

Así, en un 49% de los casos se sufrieron problemas relativos al consumo (frente al 53,3% nacional); en el 22,1% fueron temas de vivienda (frente a un 27,6% nacional); en el 17,3% cuestiones laborales (frente a un 23,2%) y en un 14,4% de auto (frente a un 22,3% nacional). En estos dos últimos ámbitos, la comunidad de Extremadura tiene unos de los índices de incidencias más bajos de España.

En cuanto a temáticas específicas, en consumo, los temas relativos a telecomunicaciones, consumo general y suministro de servicios son los más destacados, mientras que en vivienda los ciudadanos se ven afectados, sobre todo, por problemas con los vecinos y con la comunidad de propietarios.

En el apartado laboral, se señalan problemas con las condiciones de trabajo y despidos como los más habituales, mientras que en automóvil las sanciones y los accidentes son los temas más frecuentes.

Pese a esos problemas, los extremeños creen que sus derechos están protegidos (77,1%) y se consideran bien aconsejados legalmente cuando han buscado asesoramiento (73,8%).

En cuanto al perfil de la persona que manifiesta haber tenido problemas de tipo legal, mayoritariamente se trata de una persona residente en zona urbana que tiene entre 25 y 49 años y con estudios superiores. En lo que se refiere a su situación laboral, se dan principalmente entre personas en activo, probablemente este es el motivo por el que son más frecuentes entre la población masculina.


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