El Diario Oficial de Extremadura publica hoy la convocatoria de ayudas para el año 2009 orientadas a la mejora de infraestructuras en fincas rústicas de propiedad municipal o comunal y dehesas boyales, reguladas por el nuevo Decreto 7/2009, de 23 de enero. Para este ejercicio económico, la dotación presupuestaria disponible es de 1.600.000 euros.

Los municipios de la región interesados en acogerse a estas ayudas, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y por la Junta de Extremadura, podrán entregar sus solicitudes junto con la documentación en el plazo de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria en el DOE, es decir, a partir de mañana martes, 10 de febrero.

Las ayudas están dirigidas a los ayuntamientos y entidades locales menores de la región que sean titulares o gestores de fincas rústicas municipales o comunales y dehesas boyales, sufragando el 75% del total de la inversión de los planes de mejora, hasta un máximo de 70.000 euros por explotación.

Se destinarán a la puesta en marcha de planes integrales de mejora de infraestructuras que supongan la construcción y reparación de pozos de sondeo, charcas, abrevaderos y otras instalaciones que permitan racionalizar el uso del agua dentro de la finca; la instalación, construcción y reparación de cerramientos perimetrales o de manejo; las construcciones ganaderas y naves polivalentes, así como la rehabilitación de las edificaciones que haya en este tipo de explotaciones destinadas a usos agroambientales o ganaderos. Asimismo, las subvenciones también podrán cubrir aquellas mejoras o instalaciones complementarias que sean necesarias para la viabilidad de la explotación.

Con estas actuaciones, la Junta de Extremadura contribuirá a que las explotaciones municipales y comunales sirvan de referencia para el establecimiento de un modelo de gestión sostenible, con un mejor aprovechamiento de los recursos agrarios, ganaderos, forestales y turísticos.

Para la concesión de estas ayudas, que se resolverán en un plazo de tres meses, la Administración regional tendrá en cuenta una serie de criterios, como son los factores socioeconómicos de la zona, las características propias de las fincas o la justificación de las mejoras previstas.