La fecha propuesta para la huelga que las juntas autonómica de jueces de Extremadura y Murcia tomaron la iniciativa de convocar para el 18 de febrero si no se atendían determinadas reivindicaciones está próxima y los jueces extremeños están seguros de que contará con un mayoritario respaldo nacional.
Así lo estimó ayer para este diario el magistrado cacereño Joaquín González Casso tras su asistencia el pasado sábado a la reunión extraoficial de jueces decanos que se celebró en Madrid para preparar dicha huelga. Los jueces decanos de Badajoz y Cáceres, Emilio García Cancho y Federico Alba respectivamente, no pudieron asistir por encontrarse ambos de guardia, y a petición de Alba asistió en su representación González Casso.
Por el resultado de la misma, así como de otras celebradas y las numerosas muestras de apoyo que ya se han recibido en la web confidencial de los jueces, el magistrado cacereño está seguro de que el respaldo será mayoritario. De hecho, señaló, hay dos asociaciones judiciales, Francisco de Vitoria, mayoritaria en Extremadura y de la que él fue portavoz nacional, y Foro Judicial Independiente, que se han mostrado ya dispuestas a secundar y convocar la huelga. Lo que harán las otras dos -la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia-, aún lo desconocía, aunque se mostró convencido de que esta última no la convocará.
Precisamente para concretar la postura las cuatro mantendrán hoy una reunión en Madrid.
Y las de las juntas de jueces se conocerán el próximo día 21, cuando todos los jueces podrán en ellas, en secreto o a mano alzada, apoyar o no la huelga.
De que se hará también se muestra convencido González Casso. Y es que reconoció ser muy pesimista respecto a que se puedan alcanzar acuerdos que lleven a desconvocarla. "Las primeras juntas, donde ya se estableció una tabla de reivindicaciones, se celebraron el 21 de octubre y hasta ahora el Ministerio no ha tenido ni un solo gesto, ni creo que vaya a tenerlo antes del 18 de febrero, por lo que estoy seguro de que ese día un muy alto porcentaje de los jueces de España irán a un paro convocado por, como mínimo, dos asociaciones, y muchas juntas autonómicas".
En la reunión celebrada el sábado en Madrid los jueces asistentes dieron ya un importante paso, unificar y consensuar el orden del día que elevarán a las juntas generales de jueces convocadas en toda España para el día 21, y en el que además del punto referente a la huelga se incluyen otros seis.
Entre estos figuran una clara exigencia al Ministerio de Justicia, que en un plazo máximo de cinco años tanto las inversiones en justicia como la cifra de jueces españoles sean equiparables a la media europea, que es de 16 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España no llega a los 10. En el caso de Extremadura, que cuenta con algo menos de cien jueces y magistrados, la media ronda los 9.
"El volumen de trabajo que tienen la mayoría de los juzgados de España, como también de Extremadura, está muy por encima de los módulos razonables que tiene aprobados el Consejo, por lo que realmente hay una necesidad imperiosa de más jueces", señaló el letrado cacereño. Este estimó que para que España alcanzara el nivel de los grandes países europeos, como pueden ser Francia, Alemania o Italia, "tendría que duplicar la planta judicial, aunque yo personalmente me conformaría con alcanzar la ratio que tienen en Portugal, que es de 15 jueces por cada 100.000 habitantes". Es más, añadió, "hay que tener en cuenta, además, que en todos estos países la instrucción de las causas las llevan los fiscales, y en España las llevamos los jueces".
Se acordó asimismo exigir dotación y mejora de los recursos personales y técnicos de los juzgados y que se establezcan ya los recursos prometidos; que los señalamientos de los juicios sean exclusiva competencia del juez; que dentro de un año jueces y secretarios tengan delimitadas sus funciones; y que se cumpla la Ley de Retribuciones.
Satisfecho con el resultado de esta última reunión, y convencido de que el paro se celebrará, además con un respaldo mayoritario, insistió Casso, este hizo constar que "lo que se quiere transmitir a la opinión pública es que nuestra única pretensión es una mejora de la Administración de Justicia", lo que se demuestra, advirtió, con los acuerdo alcanzados en la reunión.
"Si se ven los acuerdos se comprueba que en realidad no pedimos casi nada para nosotros, porque lo que realmente queremos es que se mejore nuestra justicia, pues estamos en los últimos lugares de Europa en todos los sentidos, tanto de inversión presupuestaria como de ratio de jueces…, y lo que queremos es una mejora de la Justicia, un mejor servicio público al ciudadano".
