El Tribunal de Cuentas, el órgano del Estado que se encarga de fiscalizar y revisar la gestión económica de los organismos públicos, considera insuficientes, poco sostenibles e incluso anquilosados las instalaciones y servicios de la mayoría de los mataderos públicos, mercados de abastos y lonjas de Extremadura. Por ello ha instado a la Junta a elaborar sendos planes de impulso y modernización.

No es una orden, sino "recomendaciones" a partir de un estudio en profundidad para el que ha contado con información de los ayuntamientos, la Junta de Extremadura, el antiguo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (ahora englobado dentro del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino) y el Ministerio de Industria, entre otras instituciones. Además ha visitado la mayoría de estos establecimientos de titularidad municipal.

Sobre los mataderos el tribunal considera que la "paulatina disminución" de la actividad en estos centros en Extremadura, motivada "por razones económicas" y por la "falta de adaptación" a la nueva normativa europea, hace conveniente que la "comunidad autónoma elabore un plan de futuro".

Según este organismo, en los últimos años la región ha pasado de tener 100 mataderos municipales en 1995, a 60 en el 2005 –12 de gran capacidad y 48 de poca capacidad–, y 41 en el 2007. Sin embargo esa última cifra puede reducirse a 29. La Junta de Extremadura, en cumplimiento de la nueva legislación sanitaria europea –del 2006–, ha exigido a los mataderos una serie de reformas (en la parcela física, ya que el 80% no tenía las infraestructuras básicas exigidas por la UE) y planes de viabilidad (económica). Así, de los 60 iniciales del 2005, 11 ni siquiera presentaron los proyectos de mejora, por lo que cesaron su actividad, y a otros ocho no se les aprobó el plan de viabilidad. De los 41 restantes, que sí tenían aprobada la documentación, 12 no han aplicado esas mejoras, por lo que previsiblemente serán cerrados. Es decir, solamente quedarán disponibles 29.

El Tribunal además subraya que la desaparición de este tipo de mataderos ha creado "problemas de abastecimiento en las carnicerías de las zonas rurales encareciendo el precio de los productos al tener que desplazarse los carniceros para sacrificar a sus animales".

Pero hay más. La antigüedad media de los edificios es de 24 años, la mitad de ellos no tenía –en el momento del estudio– sala de despiece y 10 están situados a menos de 500 metros del centro de la población, por lo que infringen la normativa sobre actividades molestas e insalubres (que marca que deben estar a más de 2.000 metros).

Ante esta situación el Tribunal de Cuentas pide un plan de futuro en la región para mataderos públicos y privados (que funcionan por concesión) en el que se contemple su "distribución territorial" –tanto de los ya existentes como de los de nueva creación– para garantizar las necesidades de los ciudadanos en todo el territorio extremeño. Asimismo recomienda ampliar la cobertura de sus servicios para incrementar el sacrificio de los distintos tipos de ganado; fomentar la especialización por tipo de animal e incentivar la trazabilidad y la comercialización de las carnes selectas de Extremadura (ibérico, retinto y ovino merino).