Dos hombres y una mujer, los tres de nacionalidad rumana, se sentaron ayer en el banquillo de los acusados como presuntos explotadores sexuales y secuestradores de jóvenes compatriotas a las que supuestamente traían engañadas desde Rumanía para, una vez en España, obligarlas a prostituirse en un club de alterne a las afueras de Plasencia, La Torre.

La Fiscalía pide para el presunto cabecilla de la trama, G. M., el único que se encuentra en prisión desde julio del 2007 cuando fue detenido, 17 años de prisión por delitos de prostitución y secuestro y 16 años para los otros dos acusados por los mismos delitos, solicitud de condenas que ayer confirmó la fiscal al entender acreditados todos los hechos por los que están imputados, informa El Periódico Extremadura.

DENUNCIANTES SIN LOCALIZAR El abogado defensor, Chin Choy Rita, solicitó en cambio la absolución de los tres encausados por no haberse aportado pruebas de que ninguno de los tres fueran responsables de traer a las mujeres desde Rumanía con una falsa promesa de un trabajo de bailarina, de instalarlas en el club ni de obligarlas a mantener relaciones sexuales con los clientes. Tampoco que las retuvieran en contra de su voluntad.

Los tres acusados fueron denunciados en julio del año pasado por dos jóvenes presuntas víctimas de la trama de explotación sexual. Ninguna de ellas, sin embargo, ni otra de las testigos propuestas para declarar en el juicio, comparecieron en la vista al estar todas en paradero desconocido, por lo que no se les ha podido citar judicialmente. Sólo se cuenta con las declaraciones que prestaron ante la policía y el juzgado de Plasencia cuando se descubrieron los hechos.

Fue una de las chicas, tras conseguir huir del club, la que puso en conocimiento de la policía la situación. Un cliente del prostíbulo, también rumano, la ayudó a escapar. La joven pretendía hacerlo con otra de las chicas del club amiga suya, pero supuestamente otras dos mujeres del local se lo impidieron.

La que sí culminó su huida, llegó hasta Zaragoza y allí denunció su situación y el peligro que ella creía que corría su amiga tras el intento de fuga. Esto inició la operación policial llamada Laura , que desembocó en el arresto de los imputados.

De hecho, la amiga vivió durante unos días en casa del presunto cabecilla en Jerte. Las denunciantes sostienen que estaba secuestrada, aunque los arrestados negaron este extremo, asegurando de que salió del club porque no tenía papeles y la joven tenía miedo de que la policía pudiera deportarla.

Según la versión de las denunciantes, cuando llegaron a España ellas pensaban que venían a trabajar como bailarinas o camareras y que una vez en Plasencia les dijeron la verdad: que tendrían que prostituirse, que del dinero que ganasen tendrían que pagarles el 50% y que les adeudaban 1.200 euros por los gastos del viaje.