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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recibido esta mañana al presidente de FEAPS Extremadura (Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), Miguel Ortega, quien ha anunciado, tras el encuentro, la firma de un convenio a través del cual la Junta entregará alrededor de 8 millones de euros a dicha Federación.

En concreto, 5,5 millones irán destinados a pagar las deudas que actualmente tiene FEAPS y, el resto, se invertirá en reformar las infraestructuras de los centros que actualmente están en funcionamiento en la región, dependientes de las 28 asociaciones federadas, que atienden a unas 3.000 personas.

Asimismo, Ortega ha señalado que en la reunión se han abordado otros temas como el ocio o el programa "respiro familiar", proyecto que el presidente ha decidido potenciar y que consiste en "dar un respiro de varios días a las familias que tienen que atender a algún miembro discapacitado 24 horas diarias durante 365 días al año", ha explicado el presidente de FEAPS.

Fundación Banco de Alimentos de Badajoz
El jefe del Ejecutivo se ha reunido también con la presidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Badajoz, Carmen Aguirre, quien ha aprovechado la ocasión para demandar ayuda económica para poder pagar los gastos de transporte de los alimentos y así cubrir las necesidades de un mayor número de personas.

Actualmente, esta asociación reparte más de dos millones de kilos de comida al año entre unas 38.000 personas, a una media de 31,7 kilos por persona y año con un coste de 1,43 euros, a través de 300 centros, entre los que se encuentran iglesias de distintos credos, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, centros para drogodependientes, centros de atención a disminuidos, asilos y conventos.

Dichas entidades benéficas se encuentran principalmente en la provincia de Badajoz, aunque los alimentos llegan también a Cáceres, a la zona fronteriza de Portugal e, incluso, a países como Honduras.

Respecto a la procedencia de los alimentos, Aguirre ha explicado que existen dos vías. Por un lado, están los productos de empresas y fábricas que no pueden poner a la venta por estar cercana la fecha de caducidad, así como los recogidos en colegios y centros comerciales. Y, por otro lado, están los excedentes de la Unión Europea, entregados por el Fondo Social Europeo de Garantía Agraria.

Naturcrex
Por otro lado, el presidente del Gobierno extremeño se ha entrevistado con Antonio Chavero, consejero de Naturcrex, grupo empresarial impulsado por la cooperativa CREX, con sede en Valdivia, que produce alrededor de 50 millones de kilos de fruta al año, procedentes de Extremadura, Sevilla, Aragón y Murcia.

Chavero ha informado de los temas que preocupan a Naturcrex, transmitidos al presidente, que son la falta de terrenos en Valdivia para ampliar las instalaciones y la ausencia de mano de obra para la próxima campaña.

En ese sentido, el consejero de Naturcrex ha explicado que la Junta de Extremadura trabaja actualmente para legalizar rápidamente, y mientras dure la campaña, la mano de obra necesaria, proveniente de países como Rumanía. Asimismo, la Consejería de Fomento estudia la forma de ofrecer una alojamiento digno a los trabajadores que vengan de fuera.

Respecto al desarrollo de la próxima campaña de fruta y al sector en general, Chavero se ha mostrado optimista. Actualmente, Naturcrex exporta alrededor del 65% de sus productos, principalmente melocotón, nectarina, ciruela y pera, a más de 20 países en cuatro continentes.

Directivos de MEGO
Por último, el presidente ha mantenido una entrevista con Luis González y Francisco Javier Hernández, presidente y director adjunto, respectivamente, de la constructora extremeña MEGO, quienes le han presentado "las líneas con las que la empresa está trabajando dentro y fuera de Extremadura".

Ambos directivos expresaron su interés en "participar activamente" en el proyecto de la Consejería de Fomento de construir depuradoras de agua en localidades de la región poco pobladas "por la aportación significativa que podemos hacer después de veinte años trabajando", aseguraron.

La actividad de MEGO, según explicó el director adjunto a la Presidencia de la empresa, está "claramente" orientada a la obra civil, principalmente depuración de aguas y carreteras.

Constituida en 1984, MEGO cuenta con una plantilla de más de 200 trabajadores, tiene delegaciones en Castilla y León y Andalucía, y factura al año "entre 6.000 y 8.000 millones de pesetas".


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