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Los seis agentes de la Guardia Civil que componen las dos unidades contra la delincuencia urbanística que operan en Extremadura han denunciado una treintena de delitos desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo, según datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura. La mayoría de estos casos (28) se concentran en la provincia de Cáceres, donde se ha detenido a 35 personas por este motivo. En ambas provincias hay actuaciones en marcha y diligencias abiertas, que se espera arrojen resultados en breve.

Los seis efectivos que trabajan en la región –tres en cada provincia– se incluyen entre los 194 que, a nivel nacional y desde hace medio año, están especializados en la investigación de las faltas penales relacionadas con el desarrollo urbanístico y su impacto en el medio ambiente. Su objetivo: prevenir las infracciones urbanísticas mediante inspecciones, para detectar y perseguir los presuntos delitos que se produzcan en este ámbito (con especial atención a la protección del medio ambiente y la preservación del suelo no urbanizable), así como investigar las posibles tramas de corrupción que puedan promover acciones como el blanqueo de capitales, la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias, entre otros.

Durante esos seis meses que llevan funcionando, las dos unidades de prevención de la delincuencia urbanística, junto con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), las Unidades Territoriales de este cuerpo de seguridad, los Juzgados de Instrucción y la Delegación del Gobierno han efectuado en torno a 250 inspecciones en toda Extremadura. Como consecuencia, se han instruido las correspondientes diligencias en 29 casos por supuestos delitos sobre la ordenación del territorio, de los cuales uno corresponde a Badajoz y el resto a Cáceres, donde además se han producido 35 detenciones.

 

SUELO NO URBANIZABLE Aunque los datos registrados hasta ahora no son suficientes para establecer qué tipos de delitos urbanísticos son más frecuentes en Extremadura, los agentes de las unidades de prevención de este tipo de infracciones detectan "una mayor incidencia de irregularidades a la hora de construir en zonas no urbanizables de protección especial". Estos delitos, según especifican, "imputan tanto al promotor como al constructor" y su principal consecuencia es "la degradación del medio ambiente por la proliferación de construcciones sin orden ni control", además de "la escasez de medidas de seguridad para trabajadores y moradores, la falta de fiscalización de la actividad realizada y el inmueble y el blanqueo de capitales".

En cuanto a la investigación de tramas de corrupción, las unidades extremeñas aún no han detectado ninguna red de este tipo, aunque sus responsables afirman que "existen investigaciones en marcha que podrían dar lugar a la imputación de este tipo de delitos". Además, añaden, "unidades centrales de la Guardia Civil han actuado en la provincia de Badajoz, desarticulando una red de personas que cometieron estafas con las subvenciones europeas".

A la hora de iniciar sus investigaciones, las unidades de prevención de la delincuencia urbanística actúan tanto por iniciativa propia como a raíz de las denuncias de las administraciones, organizaciones privadas o de los propios ciudadanos. En este sentido y pese a que reconocen que "el mayor número de delitos urbanísticos suelen darse en las zonas de costa y grandes capitales" consideran fundamental "que toda la sociedad se implique directamente en la lucha contra ellos, ya que hay casos en la práctica totalidad de la geografía nacional".


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