Una delegación de la Comisión de Transición Ecológica del Senado ha visitado la central nuclear de Almaraz junto a las senadoras cacereñas Loli Marcos y Mónica Grados, en un momento cumbre sobre el futuro de la instalación y su calendario de cierre.

El Partido Popular ha reiterado su rechazo frontal al cierre programado de la central y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una rectificación inmediata, al considerar que se trata de una decisión “errónea y estratégica” para Extremadura y para el conjunto de España.

Durante la visita, los senadores participantes han podido conocer el funcionamiento de la planta, mientras el PP insiste en que la decisión de clausura no responde a criterios técnicos ni económicos, sino a una política energética que califican de “ideológica”.

IMPACTO ECONÓMICO EN EL CAMPO ARAÑUELO

Los populares subrayan que la central es uno de los principales motores económicos de la zona del Campo Arañuelo y del norte de la provincia de Cáceres, al generar empleo directo, indirecto e inducido, además de actividad empresarial y servicios en decenas de municipios.

En este sentido, advierten de que el cierre sin alternativas industriales claras podría provocar un fuerte impacto en el tejido económico de la comarca.

El PP considera que la energía nuclear sigue siendo imprescindible para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, precios competitivos y seguridad de suministro, especialmente en un contexto de transición energética.

Según su argumentación, una reducción de la generación nuclear obligaría a recurrir a tecnologías más costosas y dependientes de factores externos, lo que tendría un impacto directo en la factura eléctrica de hogares y empresas.

ALTERNATIVAS

Los senadores populares denuncian además la falta de diálogo por parte del Gobierno con instituciones, colectivos empresariales, sindicatos y administraciones locales, que en muchos casos han mostrado su apoyo a la continuidad de la central.

“El cierre de Almaraz condena el futuro de toda una comarca”, han señalado representantes del grupo, que insisten en la necesidad de mantener la actividad mientras no existan alternativas de reindustrialización sólidas.

El Grupo Parlamentario Popular ha avanzado que continuará impulsando iniciativas en el Senado para intentar frenar el cierre de la central y defender lo que consideran los intereses económicos y sociales de Extremadura.