El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, movilizar 198.704.000 euros para reforzar los servicios sociales, proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y combatir la pobreza infantil. De estos casi 200 millones de euros, 6,2 millones se destinan a Extremadura.

Dicha inversión se articula en tres programas. El primero, dotado con 65 millones de euros, de los cuales 2,7 millones son para Extremadura, financiará proyectos de intervención social y prestaciones para familias con menores en riesgo de pobreza y exclusión social.

Los programas financiados por estas partidas se destinan a todo tipo de familias que presenten necesidades singulares de protección, incluidas las familias monomarentales, las familias numerosas o las que viven en el medio rural.

Se podrán destinar a cubrir necesidades básicas como la higiene, la alimentación o la ropa, necesidades en materia de educación como la financiación de material escolar o ayudas para el comedor, o recursos para los suministros básicos del hogar.

Incluye el programa VECA, que va a permitir garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral en periodos no lectivos.

El segundo programa, con 25 millones, de los cuales 629.000 euros le corresponden a Extremadura, está previsto que refuerce los equipos de servicios sociales para prevenir y detectar "cualquier tipo" de riesgo de violencia hacia la infancia, con "una apuesta clara" por perfiles profesionales del trabajo social, la educación social, la psicología y la atención familiar, así como el fomento de una mayor coordinación con los centros educativos y sanitarios, en línea con la ejecución de la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Lopivi).

Por su parte, el plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, dotado con más de 108 millones de euros y que de los cuales 2,8 millones serán destinados a Extremadura, busca asegurar el acceso a prestaciones como la orientación social, la ayuda al domicilio, el alojamiento alternativo y los programas de prevención e inserción social.

Además, se respaldará el funcionamiento de albergues y centros de acogida, fundamentales para dar respuesta a personas en situaciones de especial vulnerabilidad.