El Gobierno licita por 22,9 millones la conservación de 168 km de carreteras en Badajoz
El contrato integra labores de vigilancia, atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones, así como mantenimiento de instalaciones.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato valorado en 22,9 millones de euros para la conservación y explotación de varios tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Badajoz. El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses.
La actuación abarca 168,5 kilómetros, entre ellos 82,1 kilómetros de autovía, pertenecientes al sector no02 de la provincia. Los trabajos se desarrollarán principalmente en la A-66 y la N-630, desde el límite con Cáceres hasta Zafra, e incluyen también unos 15 kilómetros de vías de servicio.
En la autovía A-66, conocida como Ruta de la Plata, las tareas se extenderán entre el límite provincial y Mérida, y entre esta ciudad y Zafra. En la carretera N-630, las intervenciones se distribuirán en tres tramos: límite con Cáceres-Mérida, Mérida-Almendralejo y Almendralejo-Zafra.
El contrato integra labores de vigilancia, atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones, así como mantenimiento de instalaciones. Además, incorpora una actuación específica para la rehabilitación superficial del firme de la A-66 entre los kilómetros 659,567 y 665,400, en el tramo Almendralejo-Villafranca de los Barros.
La licitación incluye requisitos de eficiencia energética y objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono. Las empresas deberán calcular las emisiones asociadas a la ejecución del contrato y presentar un plan de descarbonización durante los primeros seis meses, con el fin de lograr un balance neutro a los cinco años.
El modelo de contrato mixto empleado combina servicios y obras para asegurar un mantenimiento integral de las carreteras, mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial, optimizando a la vez los recursos públicos.