El sector arrocero extremeño enfrenta una caída del 35% en los precios
El problema principal radica en que los precios que los industriales pagan a los agricultores no cubren los costes de producción, mientras que las importaciones procedentes de países del sudeste asiático se venden a precios mucho más bajos.
El cultivo de arroz en Extremadura atraviesa una situación crítica debido al hundimiento de los precios provocados por los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Según datos del Ministerio de Agricultura, el precio del arroz en la región ha caído un 35% en la última campaña, generando grandes dificultades para los productores locales.
La superficie dedicada al arroz en Extremadura ha descendido en la última década, pasando de 26.000 hectáreas en las Vegas Altas del Guadiana a poco más de 19.000 hectáreas en la actual campaña, pese a que no ha habido restricciones de superficie por escasez de agua.
El problema principal radica en que los precios que los industriales pagan a los agricultores no cubren los costes de producción, mientras que las importaciones procedentes de países del sudeste asiático -como Myanmar, Vietnam o Tailandia- se venden a precios mucho más bajos, alrededor de 330 euros por tonelada, frente a los 1.050 euros por tonelada que alcanza el arroz producido en la UE.
Durante el último año, Myanmar exportó a la UE 530.000 toneladas, casi cuatro veces la producción regional, que se sitúa en torno a 150.000 toneladas. La diferencia de costes se debe a unas condiciones de producción más permisivas en estos países en cuanto a uso de fitosanitarios, fertilizantes, calidad de aguas y condiciones sociales.
Además, los productores europeos se enfrentan a nuevos acuerdos comerciales, como la importación de 600.000 toneladas de arroz del sudeste asiático sin cláusula de salvaguardia y 60.000 toneladas procedentes del Mercosur sin aranceles, así como a la futura aprobación de un acuerdo con India, lo que amenaza la rentabilidad del cultivo en la región.
Frente a este contexto, se prevé que muchas explotaciones abandonen el cultivo, y se considera la posibilidad de movilizaciones del sector, incluidas manifestaciones en calles y carreteras con tractores, si no se aplican medidas de protección y salvaguardia que garanticen la viabilidad económica de los agricultores extremeños.