La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al propietario de la empresa de Moraleja, Industrias Oleícolas Sierra de Gata, S.A. a un año y nueve meses de prisión y a hacer frente a una multa de 300.000 euros por un delito de fraude de subvenciones.

El empresario solicitó una subvención para la ampliación de la planta extractora de orujo que fue destruida en 2012 a consecuencia de una explosión y destinó el importe de la ayuda a finalidades distintas. El proyecto se presupuestó en 1.043.910 euros, de los que 782.932 correspondían a la ayuda de la Administración y 260.978 se abonarían con cargo a fondos de la propia empresa.

Además de la multa impuesta al empresario, también ha sido condenada la mercantil con otra del mismo importe tras quedar acreditado que, aunque la entidad beneficiaria pudiera tener interés inicialmente en la realización del proyecto, destinó el préstamo, en una cuantía superior a los 120.000 euros mensuales, a finalidades distintas a la concreta inversión financiada.

El titular del Juzgado número 1 de Plasencia ya había condenado en 2024 al propietario de la sociedad y a otra persona a cinco años de prisión por la explosión de la empresa Industrias Oleícolas Sierra de Gata S.A. que tuvo lugar en el municipio cacereño de Moraleja el 24 de mayo de 2012, en la que perdieron la vida tres personas y una cuarta resultó herida. La sentencia considera probado que el accidente tuvo su origen en el mal estado de las instalaciones, que no estaban sometidas a un control de mantenimiento, y a la ausencia de un plan de formación y cualificación para los empleados.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que se acaba de conocer ahora el fallo prohibe al propietario y a la empresa el acceso a ayudas públicas y beneficios fiscales durante cuatro años, teniendo ambos que indemnizar de forma solidaria al Ministerio de Industria Comercio y Turismo con 194.708'03 euros.

La empresa había solicitado otras dos subvenciones públicas de la Junta de Extremadura que fueron concedidas en 2013 por importe de 393.703 y a 199.833 euros. Según la sentencia, la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa le concedió un préstamo de 389.229 euros, de los que solo se justificaron 194.520,95. Por tanto, los 194.708,05 euros restantes quedaron sin documentar dentro del periodo fijado en la resolución de concesión.

Industrias Oleícolas Sierra de Gata S.A. se dedicaba a la obtención de aceite a partir de alperujo -alpechín y orujo- de los restos del procesado de las aceitunas en la almazara. Este proceso consistía en la introducción del producto en depósitos metálicos cilíndricos en los que era sometido a sucesivos lavados con hexano. De este modo se procedía a la separación y eliminación final del disolvente mediante vapor de agua introducido en el extractor y la posterior descarga del residuo sólido -orujillo- gracias a la presión lograda mediante la entrada de más vapor de agua.

El suceso conmocionó a la opinión pública hacia el mediodía del día 24 de mayo de 2012, mientras se desarrollaba la penúltima fase de la extracción del aceite con disolvente -hexano- en el interior de la sala de extractores. En aquella jornada se dieron varias circunstancias añadidas: la maquinaria con la que se realizaba el proceso carecía de marcado de la CE y no estaba sometida a tareas de mantenimiento. Además la empresa no disponía de las instalaciones o mecanismos adecuados para la señalización de sobrepresión sin que constara nada al respecto en la evaluación de riesgo. Esta sucesión de hechos hizo que se produjera una primera  explosión en el extractor número 3, que se rompió por la zona de soldadura del fondo koppler; esto permitió la entrada de oxígeno y su contacto con el hexano del interior provocó una segunda deflagración que resultó mortal.

Además del fallecimiento de tres personas, uno de los operarios de la fábrica sufrió una herida contusa en el cuero cabelludo, erosiones en el hombro izquierdo y las rodillas, un esguince cervical y trastorno de estrés postraumático, por lo que necesitó, además de rehabilitación, tratamiento psicológico y psiquiátrico.