.Además, a uno de ellos se le condena también por los delitos de conducción sin permiso y daños. A ambos se les añade una pena de tres años de libertad vigilada.

El detenido forma parte del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valdemorales, aunque no es militante, según ha informado el PSOE de Cáceres en un comunicado

El Tribunal Constitucional deberá ahora decidir si esta obligación de mediación es compatible con la Constitución, y mientras tanto, el proceso judicial queda suspendido. 

El titular del Juzgado número 1 de Plasencia ya había condenado en 2024 al propietario de la sociedad y a otra persona a cinco años de prisión por la explosión de la empresa Industrias Oleícolas Sierra de Gata S.A. que tuvo lugar en el municipio cacereño de Moraleja el 24 de mayo de 2012.

Con esta decisión confirma la orden del Tribunal Supremo que exige el derribo total de las instalaciones.

Gallardo habla de “una cacería planificada con falsedades" en una jornada en la que se ha conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado la apertura de juicio oral contra Gallardo y contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La petición se produce después de que la Audiencia Provincial de Badajoz acordara la apertura de juicio oral contra Gallardo y contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El individuo, encapuchado y portando un arma larga, accedió al establecimiento y, tras amenazar al empleado, se apoderó de unos 530 euros de la caja registradora antes de huir a pie.

Según la sentencia, los acusados actuaban de forma coordinada desde finales de 2021. En el momento de su detención se les incautó droga valorada en más de 400.000 euros en el mercado ilegal.

Le ha requerido que notifique en un plazo de 48 horas cualquier cambio de domicilio, presente o futuro, respecto al que figura actualmente en el procedimiento, localizado en Elvas, Portugal.

El acusado ha sido condenado a indemnizar económicamente a las víctimas con cantidades que superan en total los 40.000 euros, derivadas de los daños físicos y económicos sufridos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres no solo da la razón a los manifestantes y anula las multas de 601,00 euros que les fueron impuestas, sino que además condena a la Administración demandada al pago de las costas.

Se desestima la demanda, dado que “el actor es el único responsable del accidente que sufre”, y califica su comportamiento de “temerario” al prescindir de las botas de seguridad.

La Audiencia indica que la Ley 8/2021reconoce y protege la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y que hay que favorecer la autonomía de la persona que necesita apoyo.

El Ministerio Fiscal presentó el recurso para evitar su declaración, pero en un auto que se ha dado a conocer este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 considera que la declaración debe llevarse a cabo tal y como estaba previsto.

Todos están citados en calidad de investigados en un caso abierto por los presuntos delitos contra la Administración Pública, prevaricación,  tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública.

El TSJ de Extremadura ha confirmado la condena de seis años y medio de prisión a un Policía Local de Badajoz por delitos de lesiones, contra la integridad moral y falsedad en documento oficial. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz en la que también se condenaba a otros tres agentes a cinco años de cárcel.

Los denunciantes habían solicitado la condena de cada uno de los tres acusados por hasta seis delitos de acoso laboral, con peticiones de pena que alcanzaban los doce años de prisión.

El juez da por cerrada la instrucción y manda al banquillo a seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la capital extremeña, entre ellos los cinco que integraban el Grupo de Estupefacientes de Mérida hasta que fueron detenidos en septiembre de 2021, y otro policía más.

La Audiencia Provincial señala que hay pruebas documentales que demuestran que no hubo "infracción alguna de la normativa administrativa aplicable" y no ve indicios que permitan sustentar el procedimiento penal por considerar que está basado en "meras conjeturas o sospechas".