Extremadura atraviesa una situación crítica en el sector arrocero. Con más de 20.000 hectáreas cultivadas, que representan cerca del 25% de la producción nacional -unas 200.000 toneladas de arroz-, los agricultores se enfrentan a precios que no cubren los costes de producción, poniendo en riesgo la supervivencia de sus explotaciones.

Desde Apag Extremadura Asaja denuncian la inacción de las autoridades europeas ante lo que califican como una competencia desleal. Mientras los productores extremeños deben cumplir estrictas normas de trazabilidad y seguridad alimentaria, Europa permite la entrada masiva de arroz de países como India y otras regiones de Asia sin exigir controles fitosanitarios equivalentes. 

El colectivo asegura haber trasladado esta situación tanto al Ministerio de Agricultura como a la Junta de Extremadura, presentando un documento conjunto con productores, comercializadores y transformadores, exigiendo medidas concretas: cláusula de salvaguardia automática para proteger la producción, aranceles reales que protejan el mercado europeo, reciprocidad en las normas y un etiquetado claro que indique el origen del arroz.

La preocupación se extiende al ámbito legislativo. La Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013 con el objetivo de garantizar precios justos, no ha logrado proteger a los productores. Los precios continúan a la baja, dejando a los agricultores en situación de indefensión.

Apag Extremadura Asaja advierte que no se puede permitir el cierre de explotaciones y reclama a las instituciones europeas una reacción inmediata. “Si Europa no actúa, será directamente responsable de la desaparición del sector arrocero y del futuro incierto de miles de agricultores”, afirma la organización. Para ellos, el arroz no solo es vital para Extremadura, sino también para España y Europa, y su defensa es clave para la soberanía alimentaria.