El cierre previsto de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz, en noviembre de 2027 (Almaraz I) y octubre de 2028 (Almaraz II), provocará un incremento de las emisiones contaminantes y de los costes de suministro eléctrico. Así lo concluye un análisis publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

El estudio señala que la clausura de estas instalaciones obligará a cubrir la energía generada hasta ahora con un uso más intensivo de los ciclos combinados de gas natural, especialmente en las horas en que la generación fotovoltaica no alcanza su máximo y ante la insuficiencia del almacenamiento disponible. Esta situación supondría una mayor dependencia del gas y un encarecimiento de la electricidad.

Además, el informe advierte de que los objetivos de despliegue de energía eólica y de capacidad de almacenamiento previstos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) son difíciles de cumplir en los plazos establecidos. En consecuencia, la reducción de la capacidad nuclear complicaría la cobertura de la demanda y dificultaría la descarbonización del sistema eléctrico.

El encarecimiento no se limitaría a la generación, sino que alcanzaría también a los servicios de ajuste, que ya muestran una tendencia al alza en los últimos años y que se intensificaron tras el apagón de abril de 2025.

Según el análisis, la experiencia de otros países que han cerrado sus parques nucleares indica que estas decisiones suelen traducirse en un mayor coste de la energía, lo que ralentiza los procesos de electrificación y compromete los objetivos de descarbonización.

El informe también apunta a la dificultad añadida que supondría integrar la creciente demanda de los nuevos centros de datos en un mix eléctrico con menos aportación nuclear. En este contexto, se advierte de que el cierre de Almaraz complicaría el cumplimiento de los compromisos de España en materia de reducción de emisiones de cara a 2030.