El estudio, realizado por Fedea, señala que la clausura de estas instalaciones obligará a cubrir la energía generada hasta ahora con un uso más intensivo de los ciclos combinados de gas natural, lo que supondrá un encarecimiento de la electricidad.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.