El 80% de los extremeños muestra su preocupación y rechazo ante el cierre de la Central Nuclear de Almaraz, previsto para 2027, según refleja un estudio elaborado por Metroscopia e impulsado por el Observatorio de Energía y Sostenibilidad de la Fundación Ortega-Marañón.

Basado en 800 entrevistas y dos grupos de discusión celebrados en abril de 2025, el informe pone de relieve el fuerte respaldo social a la continuidad de esta infraestructura, tanto por su impacto económico -valorado positivamente por el 86% de los encuestados- como por su papel en la creación de empleo, destacada por un 96%.

El cierre de la central genera una importante preocupación por el futuro laboral de la región: el 67% anticipa una pérdida significativa de empleos, y el 58% cree que los nuevos trabajos serán de menor calidad y especialización. Además, tres de cada cuatro extremeños prevén una migración de trabajadores a otras regiones tras el cierre.

El estudio también revela una fuerte crítica a la falta de planificación institucional: el 80% cree que el Gobierno central no tiene un plan claro para afrontar las consecuencias del cierre, y el 76% opina lo mismo del Ejecutivo autonómico. Asimismo, el 67% no confía en que Almaraz y su entorno reciban suficiente apoyo para su reconversión económica.

En el plano político, el informe destaca que el rechazo al cierre no responde a ideologías, ya que es compartido por votantes de PP (94%), Vox (93%), PSOE (66%) y Unidas por Extremadura (57%). Además, el 78% considera segura la central, mientras que solo un 39% apunta efectos negativos sobre el medio ambiente y un 29% sobre la salud.

El impacto del cierre se percibe también a nivel social y cultural: el 66% cree que Campo Arañuelo perderá parte de su identidad y el 56% anticipa un deterioro en la calidad de vida en la región.

Pese a todo, el estudio subraya que la mayoría de la población no se opone al avance hacia un modelo energético sostenible, aunque entiende que la energía nuclear puede formar parte de esa transición. De hecho, casi 8 de cada 10 extremeños rechazan el cierre generalizado de las centrales nucleares en España: el 31% pide aplazar el cierre, el 47% apuesta por mantener la energía nuclear, y solo el 17% está a favor del cierre total en el plazo previsto.

El informe concluye con un llamamiento a establecer estrategias sólidas y realistas que garanticen una transición energética justa, teniendo en cuenta las peculiaridades económicas y sociales de cada territorio.