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sábado. 25.04.2026 |
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Extremadura y Galicia rechazan una financiación privilegiada para Cataluña

María Guardiola y Alfonso Rueda.
Extremadura y Galicia rechazan una financiación privilegiada para Cataluña

Ambas comunidades han advertido de que no aceptarán medidas que, a su juicio, rompan con el principio de igualdad entre territorios y perjudiquen a la caja común del Estado.

Los gobiernos autonómicos de Extremadura y Galicia han manifestado su rechazo frontal a cualquier tipo de financiación privilegiada para Cataluña, así como a los posibles acuerdos bilaterales que puedan establecerse al margen del sistema común. 

Ambas comunidades han advertido de que no aceptarán medidas que, a su juicio, rompan con el principio de igualdad entre territorios y perjudiquen a la caja común del Estado.

Esta postura conjunta ha quedado reflejada en una declaración institucional firmada este viernes en Mérida por la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante un encuentro institucional entre ambos ejecutivos.

Las dos comunidades autónomas consideran que el modelo de financiación debe garantizar la equidad en la distribución de los recursos públicos, así como asegurar la prestación de los servicios fundamentales en todo el territorio nacional. En este sentido, rechazan la condonación de deuda a Cataluña prevista por el Gobierno central, al entender que supone una carga injusta para el conjunto de los ciudadanos del resto de comunidades.

El encuentro entre ambos gobiernos se produce en un contexto de creciente debate político en torno a la posibilidad de conceder a Cataluña un sistema de financiación diferenciado, con mayor capacidad de gestión y recaudación de impuestos. 

Extremadura y Galicia consideran que estas negociaciones avanzan en la dirección contraria al modelo de cohesión territorial, abriendo la puerta a desequilibrios que afecten directamente a la sostenibilidad del sistema de financiación autonómica.

Tanto la Junta de Extremadura como la Xunta de Galicia insisten en la necesidad de abordar una reforma del sistema que se base en criterios objetivos, solidarios y respetuosos con el marco constitucional, y advierten de los riesgos de tomar decisiones que favorezcan a determinados territorios en función de intereses políticos coyunturales.

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