Ambas comunidades han advertido de que no aceptarán medidas que, a su juicio, rompan con el principio de igualdad entre territorios y perjudiquen a la caja común del Estado.

La Guardia Civil de Pontevedra, en Galicia, está investigando al conductor de un autocar de una empresa de Cáceres, como presunto autor de un delito de falsedad documental.