El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia dela Guardia Civil de Cáceres, en el marco de la Operación WATERLIFE,ha llevado a cabo una investigación relacionada con la gestión irregular de varios cotos sociales de caza, ubicados en la provincia de Cáceres, que se ha saldado con la detención de dos personas y con la investigación de otras ocho por la supuesta comisión de delitos de caza ilegal, de estafa y de falsedad documental.

Los hechos se remontan a mediados del mes de noviembre de 2024, cuando los agentes del SEPRONA detectaron a un grupo de cazadores que practicaban la caza con galgos dentro del coto social, sin estar inscritos como socios, pero disponiendo de un permiso colectivo que les habilitaba. Esto dio lugar al inicio de una investigación para esclarecer lo ocurrido acerca de posibles irregularidades en la gestión del terreno cinegético.

Durante las actuaciones, identificarona varios grupos de cazadores procedentes de otras provincias, quienes aportaron permisos supuestamente válidos expedidos por la sociedad local de cazadores. Sin embargo, los agentes comprobaron que los permisos carecían de validez legal, ya que los titulares no formaban parte de dicha sociedad, siendo esto un requisito imprescindible para ejercer la caza en un coto social.

Asimismo, con la colaboración de agentes del puesto de la Guardia Civil de Sierra de Fuentes, constataron queciertas actividades cinegéticas se desarrollaban en una zona de caza limitada, donde la normativa autonómica prohíbe expresamente la modalidad practicada (caza de zorzales desde puesto fijo), lo que supuso la investigación de seis personas por supuestamente cometer un delito de caza.

Además, las pruebas obtenidas durante el proceso indagatorio revelaron que la sociedad local de cazadores había inscrito en el registro autonómico a numerosos sociossin su consentimiento ysin que tuvieran conocimiento de su inclusión; otros de los socios inscritos incluso llevaban varios años fallecidos. Dicho hecho evidenciaba un posible beneficio económicoirregular del coto social, que operaba realmente como un coto privado.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Cáceres. La Guardia Civil recuerda que el respeto a la legislación en materia de caza es esencial para garantizar la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales.