La calidad del aire en Extremadura ha experimentado una mejora significativa durante el año 2024 en comparación con 2023 y los niveles previos a la pandemia, según recoge el último informe de Ecologistas en Acción, basado en datos de 790 estaciones oficiales de medición en todo el Estado, 10 de ellas en la región extremeña.

De acuerdo al estudio, los niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂) y ozono descendieron más de un 30 % respecto a los promedios registrados entre 2012 y 2019. Sin embargo, aumentaron un 12 % las concentraciones de partículas en suspensión (PM10), lo que mantiene el foco sobre este contaminante, especialmente en el sur de la provincia de Badajoz.

La organización ecologista ha tomado como referencia la nueva Directiva europea 2024/2881, aprobada en octubre del pasado año, cuyos valores límite deberán cumplirse antes de 2030. En este contexto, aunque según la normativa actual ningún municipio extremeño superó los niveles legales vigentes, con la nueva normativa una décima parte de la población —principalmente en la ciudad de Cáceres— sí se vio expuesta a aire contaminado.

Peor aún, si se aplican los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mucho más estrictos, la totalidad de la población y del territorio de Extremadura —incluidos los 40.000 km² de zonas rurales— respiró aire contaminado en algún momento del año. 

El ozono troposférico, particularmente, excedió el objetivo legal para la protección de la vegetación en amplias zonas de la región, afectando al 95 % del territorio.

El informe destaca el impacto del cambio climático como un factor agravante. El año 2024 fue el tercero más cálido registrado en España desde 1961, y la combinación de condiciones meteorológicas adversas, como la estabilidad atmosférica invernal o las olas de calor estivales, intensificaron episodios de contaminación tanto por partículas procedentes del norte de África como por ozono.

Aun así, la evolución del sistema energético ha favorecido una mejora general. La reducción del consumo de gas y el auge de las energías renovables —que cubrieron el 57 % de la demanda eléctrica— han contribuido a limitar las emisiones de las centrales térmicas. En cambio, el uso del petróleo volvió a niveles previos a la pandemia.

Ecologistas en Acción subraya que la contaminación atmosférica continúa siendo un problema de salud pública de primer orden. En 2022, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, se atribuyeron hasta 30.000 muertes prematuras en España a la mala calidad del aire, 400 de ellas en Extremadura. El Banco Mundial estima que los costes sanitarios y laborales de esta situación rondan los 50.000 millones de dólares anuales, equivalentes al 3,5 % del PIB nacional.

La organización ecologista lamenta que las políticas regionales sigan siendo insuficientes. El Plan de Mejora de la Calidad del Aire aprobado por la Junta en 2018 —con medidas poco ambiciosas y sin desarrollo concreto— no ha logrado revertir los problemas, especialmente los derivados del ozono. 

Además, las grandes ciudades extremeñas incumplen la obligación legal de haber implementado zonas de bajas emisiones desde hace más de dos años. Cáceres y Mérida ni siquiera han iniciado los trámites, y la zona creada en Badajoz es calificada de "ineficaz" por su escasa extensión.

Frente a esta situación, Ecologistas en Acción celebra la aprobación de la nueva Directiva europea y reclama a las administraciones públicas —Gobierno y comunidades autónomas— la aplicación urgente y sin aplazamientos de planes eficaces, así como una mejora en los sistemas de medición e información ciudadana. La organización insiste en que la trasposición de la nueva normativa debe ser una prioridad para el Ejecutivo estatal.