UPA-UCE Extremadura ha advertido hoy del difícil arranque de la campaña del tomate en la región, marcado por un retraso generalizado en la plantación, una reducción del 20% en la superficie cultivada respecto al año anterior y precios por debajo de los costes de producción, que califican de “ruinosos”.

El origen de esta situación se encuentra, por un lado, en las lluvias que impidieron el desarrollo normal de la campaña y, por otro, en la actitud de las industrias transformadoras, que impusieron precios muy bajos en las contrataciones iniciales, lo que desincentivó a los agricultores a plantar.

Según la organización agraria, las industrias intentaron presionar a última hora para aumentar la superficie plantada, al mejorar las perspectivas del mercado internacional. Sin embargo, ya era tarde para responder a esta nueva coyuntura. “Esperamos que esto les sirva de aprendizaje para que la próxima campaña contraten a precios que cubran los costes”, ha señalado el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.

La organización también reclama que las industrias se centren en mejorar la venta del producto transformado, como hace el sector italiano, en lugar de repercutir la presión del mercado en los agricultores.

UPA-UCE muestra su preocupación por dos factores clave en esta campaña. En primer lugar, las altas temperaturas actuales podrían afectar al proceso de floración de las plantas, lo que impactaría directamente en la producción. 

En segundo lugar, el retraso en la plantación implicará que la cosecha generalizada no podrá comenzar hasta agosto, con un gran volumen de recolección previsto para finales de septiembre y octubre.

Este calendario más tardío supone mayores riesgos climáticos y económicos, entre ellos el aumento del coste del seguro agrario, ya que las cosechas posteriores al 30 de septiembre implican un sobrecoste de unos 50 euros por hectárea.

Finalmente, UPA-UCE Extremadura ha informado de que ha vuelto a presentar una denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) por considerar que las prácticas de las industrias vulneran la Ley de la Cadena Alimentaria, especialmente al no garantizar precios que cubran los costes de producción.

La organización también ha criticado la inacción de la administración regional, a la que acusan de no tomar medidas para proteger a los agricultores extremeños frente a estas situaciones reiteradas.