Extremadura y Castilla-La Mancha refuerzan su cooperación contra incendios forestales en zonas limítrofes

Presentación del Protocolo General de Actuación.
Extremadura y Castilla-La Mancha refuerzan su cooperación contra incendios forestales en zonas limítrofes

Esta colaboración permitirá una intervención inmediata sin necesidad de solicitud previa de apoyo, con un Mando Unificado de Extinción (MUE) para los incendios que afecten simultáneamente a ambas comunidades.

Las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha han suscrito este lunes un Protocolo General de Actuación para mejorar la coordinación en la prevención y extinción de incendios forestales en las áreas fronterizas entre ambos territorios. 

El acuerdo ha sido firmado por la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez Rodríguez, y el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de Extremadura, Ignacio Higuero de Juan, durante un acto celebrado en el Centro de Formación Rural de Navalmoral de la Mata.

El nuevo protocolo establece un marco de actuación conjunta en una franja de cinco kilómetros a ambos lados del límite regional, denominada Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF). Esta colaboración permitirá una intervención inmediata sin necesidad de solicitud previa de apoyo, con un Mando Unificado de Extinción (MUE) para los incendios que afecten simultáneamente a ambas comunidades.

La estrategia conjunta contempla además la utilización de un Puesto de Mando Avanzado compartido, sistemas de comunicación compatibles y un coordinador común para los medios aéreos. 

También se prevé la creación de una Comisión Técnica de Seguimiento encargada de evaluar el desarrollo del protocolo, proponer mejoras y coordinar actuaciones conjuntas de formación, prevención y respuesta ante emergencias.

El acuerdo incluye el intercambio anual de mapas de recursos y mantiene el actual sistema de colaboración entre operativos fuera de la ZACIF mediante peticiones de ayuda específicas.

Con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable, el protocolo representa un paso significativo en la cooperación interterritorial, priorizando la seguridad de la ciudadanía y la protección del medio natural en un contexto de creciente riesgo por incendios forestales.

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