El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura para frenar la demolición del complejo turístico Marina Isla de Valdecañas, en la presa cacereña del mismo nombre. Con esta resolución, confirma la orden del Tribunal Supremo que exige el derribo total de las instalaciones.

Pese a este fallo, el proceso aún podría demorarse debido a los recursos pendientes de los propietarios de las viviendas y de los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo.

El litigio, iniciado hace casi quince años, ha enfrentado a instituciones, vecinos y organizaciones ecologistas. El resort, compuesto por un hotel, 185 viviendas de lujo, un campo de golf y otras instalaciones de ocio, fue levantado en una isla de 134,5 hectáreas declarada Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Desde su construcción, colectivos ambientalistas denunciaron su ilegalidad.

La Junta argumentaba que la sentencia del Supremo vulneraba los derechos a la imparcialidad judicial y a la tutela judicial efectiva, alegando que una magistrada participó tanto en la admisión del recurso como en la sentencia y que otro juez intervino en fases previas.

Sin embargo, el Constitucional concluye que no existió conflicto de intereses y que la decisión del Supremo se ajusta a derecho, destacando que la admisión a trámite y la resolución final son actuaciones distintas. Además, el tribunal subraya que la sentencia responde a la obligación de restitución urbanística de los terrenos.

El caso se remonta a 2011, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura anuló el proyecto que permitió la construcción del complejo y ordenó devolver el espacio a su estado original. Aunque en 2021 el mismo tribunal consideró inviable el derribo por su elevado coste, el Supremo zanjó en 2022 que la demolición debía ser total, criterio ahora ratificado por el Constitucional.

La Junta de Extremadura ha afirmado que el complejo Isla de Valdecañas no debe ser demolido, teniendo en cuenta que la Ley 2/2023, aprobada por la Asamblea de Extremadura, por la que se regulan determinados aspectos de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma, otorgó una nueva cobertura a la realidad de dichos espacios. 

POSTURA DE LA JUNTA: EL NO DEBERÁ SER DEMOLIDO ACORDE A LA LEY VIGENTE 

Ante la desestimación por el Tribunal Constitucional del recurso de amparo del Ejecutivo regional contra la decisión del Tribunal Supremo de demoler Isla Valdecañas, la Junta ha expresado su respeto, pero recuerda que, en primer lugar, todavía hay otros recursos en vía jurisdiccional que deben ser resueltos, inclusive otros recursos de amparo ante el propio Tribunal Constitucional.

"Y, en segundo lugar y mucho más importante, está la vigencia de la Ley 2/2023, de 22 de marzo, que responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a numerosos territorios de la región cuya declaración como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) nunca se llegó a realizar de manera válida por el Consejo de Gobierno de la Junta. No fue hasta el año 2023, con ocasión de la aprobación de esta Ley, cuando se cumplió con el procedimiento de declaración", añade el Gobierno extremeño en un comunicado.

La Junta indica que es desde ese momento desde el que debe tenerse en cuenta la declaración de ZEPA. La Ley aprobada por la Asamblea de Extremadura, expresamente, da cobertura a la realidad de dichos espacios y, en consecuencia, permite abordar con rigor jurídico la situación del Proyecto de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas. 

Para el Ejecutivo regional, esta ley autonómica deberá ser tenida en cuenta en todo caso por los tribunales de justicia que están adoptando decisiones sobre la continuidad del complejo Isla Valdecañas. 

Asimismo, la Junta ha aclarado que en estos momentos desconoce el contenido íntegro de la Sentencia, ya que lo único que se ha hecho público es la nota de prensa emitida por el propio tribunal. Una vez se disponga del texto completo, se podrá valorar en profundidad.