La sentencia impone al condenado una multa de seis meses, con una cuota diaria de cuatro euros. Además, deberá abonar 2.000 euros al policía afectado en concepto de indemnización por daño moral.

El objetivo es alzar la voz contra lo que consideran una creciente inseguridad en el municipio y exigir más implicación institucional.