Los jueces decanos de Çáceres, Badajoz y Mérida se han sumado al rechazo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones judiciales –tanto conservadoras como progresistas– a la parte del acuerdo PSOE-Junts que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.
Como se indican en un comunicado, “el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Aseguran que ello podría suponer, en la práctica, «someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes».
Indican en el comunicado que los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables.
«El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”», indican en la información facilitada a los medios.
Además, las tres asociaciones de fiscales –AF, UPF y APIF– también expresaron su rechazo a estas comisiones parlamentarias, así como el Consejo General del Poder Judicial, lo que supone una inusual respuesta unánime de jueces y fiscales.
Pedro Sánchez.
La Asociación de Fiscales ha advertido de que la posibilidad de crear comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales “supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio” al Estado de derecho.
RECHAZO UNÁNIME
Además, los presidentes de las audiencias provinciales también se han sumado al rechazo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones judiciales -tanto conservadoras como progresistas- a la parte del acuerdo PSOE-Junts que contempla una revisión parlamentaria de las decisiones judiciales para detectar supuestos casos de ‘lawfare’.
Los presidentes de las audiencias provinciales muestran «su más enérgico rechazo» a la referencia al ‘lawfare’ que hace el acuerdo cerrado este jueves por el PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno.
A su juicio, hay un «riesgo evidente de que se pretenda someter a revisión parlamentaria decisiones judiciales, en una flagrante vulneración del principio de separación de poderes, que constituye el pilar fundamental de nuestro Estado Democrático y de Derecho».
En la foto, sede del Consejo General del Poder Judicial.
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