La exclusión bancaria se ha convertido en un problema para quienes viven en la España rural, según informan desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEX). El proceso comenzó en al año 2008, cuando el sector bancario español comenzó dicho cierre de oficinas y de cajeros por todo el país y que no han hecho más que incrementarse durante la última década. Los datos del Banco de España, que solo recogen las cifras desde el año 2015 hasta el 2021, hablan de una red que ha perdido más de 10.000 sucursales en solo seis años.

Además, también se ha resentido la red de cajeros, que han experimentado un descenso de más del 22% desde 2008, a medida que la presión de las entidades para que migráramos a sus plataformas online, iba surtiendo efecto. En Extremadura, según el informe “Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España”, publicado por el Banco de España en agosto de 2021, más de 91.000 personas no tienen puntos de acceso a dinero en efectivo a menos de 5 kilómetros de su municipio. No obstante, el reparto es muy desigual entre las dos provincias. Así, mientras que en la de Badajoz sólo el 0,4% de la población se encuentra en esta situación, en Cáceres roza el 15%; de hecho, de los 223 municipios con los que cuenta la provincia cacereña, más de la mitad, 135, no tienen un punto de acceso a efectivo.

Si nos centramos en Extremadura, según los datos aportados por la UCEX, en el oeste y el norte de Cáceres, al igual que en el este de Badajoz, existen grandes zonas que no cuentan, ni con cajeros ni con oficinas. Si, en cambio, nos fijamos en el grado de vulnerabilidad en el acceso al dinero en efectivo, vemos que esas mismas zonas extremeñas tienen un grado alto o muy alto. De hecho, en Badajoz, el 1,8% de la población es vulnerable o muy vulnerable, porcentaje que se dispara hasta casi el 20% en Cáceres.

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Cabe recordar que, en Europa, tener una cuenta bancaria es un derecho universal y, en consecuencia, debe facilitarse al máximo su ejercicio por todo ciudadano que así lo desee. En el desarrollo de este derecho, el Estado debe garantizar que llega a toda la población, igual que las telecomunicaciones o el correo postal. Desde la UCEX, además, añaden que debe exigirse una tecnología inclusiva y segura, como la biometría y las tecnologías de verificación que pueden ayudar a identificar a los titulares sin necesidad de claves, por ejemplo, con reconocimiento facial, y que facilitaría la tarea a personas mayores que se enfrentan a problemas sensoriales, cognitivos y de movilidad.

Por otro lado, desde hace dos años coincidiendo con el levantamiento de las restricciones de la pandemia y, con ello, la reapertura de las sucursales bancarias, la UCEX asegura que han recibido «cientos de quejas de clientes» que son expulsados de las oficinas porque las operaciones que solicitan realizar se pueden hacer en el cajero.