Los propietarios del Complejo Isla de Valdecañas, que defienden que las viviendas ya construidas no sean demolidas, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado el incidente de nulidad presentado a la sentencia que decretó la demolición total del complejo.
Los propietarios consideran que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que obliga a la demolición completa del complejo, pudo vulnerar «el derecho a la tutela judicial efectiva», la cual viene recogida en la Constitución española, según refleja un comunicado emitido este miércoles por los propietarios.
A su juicio, el TS debía valorar únicamente la existencia o no de las causas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por las que proponía una ejecución alternativa que contemplaba mantener lo ya construido, «conciliando de forma proporcionada la preservación de los intereses medio ambientales, el desarrollo del entorno y los derechos de propiedad».
Reconocen los propietarios que la desestimación del incidente de nulidad acordada por el TS «entra dentro de lo esperado y es algo con lo que contábamos», pero «era un trámite necesario para poder presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional».
«Defenderemos la pervivencia del complejo hasta el final, pues actuamos de buena fe desde el principio y creemos en el futuro de Isla Valdecañas», han afirmado.
Asimismo, han asegurado sentirse «plenamente respaldados» por «el apoyo mayoritario» de la sociedad extremeña, tal como refleja una encuesta realizada por Metroscopia según la cual 8 de cada 10 extremeños «consideran injusta esta situación y apoyan que recurramos a todas las instancias judiciales posibles».
«Al igual que siempre hemos defendido, tanto los propietarios como diferentes expertos, la misma encuesta confirma que 3 de cada 4 habitantes de Extremadura creen que derribar Valdecañas traería más daños que beneficios ambientales», han agregado.
En su opinión, lo que está en juego es «la existencia de un modelo económico y ambiental sostenible para Extremadura y sus habitantes», pues «derribar Valdecañas sería proclamar que en Extremadura no se puede hacer nada, aunque concilie valor económico, social y ambiental».
