El Gobierno extremeño ha aseverado este martes que la licitación del transporte escolar para el periodo 2022-2026 se ha elaborado con precios referidos a enero de 2021, y no a los de 2016 como han asegurado las asociaciones representativas del sector del transporte de viajeros por carretera.
Estas asociaciones denunciaron la pasada semana que la Junta había licitado el transporte escolar para el citado periodo a precios de 2016 y sin tener en cuenta la subida del precio de los carburantes ni de los salarios establecidos en los convenios del sector en los últimos seis años.
Esta afirmación, a juicio del Gobierno regional, «carece de veracidad», pues «los cálculos que se han tenido en cuenta para llegar al precio base de licitación son los referidos a enero de 2021 en el Observatorio de Costes de Transporte de Viajeros en Autocar (bajo el auspicio del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), «fecha en la que se aprobaron los pliegos que rigen el procedimiento de contratación».
Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado entender que la situación coyuntural por la que atraviesa el país «pueda preocupar a los empresarios del transporte de viajeros», pero, «en base a ello, no se puede pretender poner en duda el trabajo realizado desde este órgano de contratación, avalado por los dictámenes preceptivos de la Intervención y Abogacía General, así como por la resolución de la Comisión Jurídica de la Junta de Extremadura».
«Además, debemos de tener en cuenta que los contratos del nuevo acuerdo marco en vigor comenzarán a ejecutarse para el inicio del próximo curso escolar 2022/2023, fechas en las que se espera que la situación de la economía en general haya mejorado y los precios de combustible se estabilicen, una vez que hagan efecto las medidas puestas en marcha por el Gobierno de la nación», han añadido.
Asimismo, la Junta recuerda que el Gobierno nacional «ha dado respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, con un paquete de medidas excepcionales para reducir los precios de los carburantes para todos los ciudadanos y empresas».
