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El juicio oral por la explosión ocurrida en el año 2012 en la empresa Industrias Oleícolas Sierra de Gata S.A. de Moraleja se celebrará del 15 al 21 de marzo de 2022 para esclarecer las circunstancias en las que se produjo un suceso que provocó la muerte de tres personas que se encontraban en el interior de las instalaciones el día que ocurrieron los hechos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la vista tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal de Plasencia y la fiscalía ha solicitado penas de más de cinco años de prisión para los principales acusados de los hechos, el representante legal de la empresa y el encargado de la fábrica, mientras que para el supervisor de operaciones se solicita una pena de dos años y nueve meses de cárcel. Como consecuencia de la explosión fallecieron dos trabajadores, Valentín Parra Carrero y José Miguel Santos Martín, así como Alberto Lozano Zango, que se encontraba de visita en el interior de la sala de extractores.

La empresa Industrias Oleícolas Sierra de Gata S.A. se dedicaba a la obtención de aceite a partir de alperujo -alpechín y orujo- de los restos del procesado de las aceitunas en la almazara. Según el relato de la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, este proceso consistía en la introducción del producto en depósitos metálicos cilíndricos en los que era sometido a sucesivos lavados con hexano. De este modo se procedía a la separación y eliminación final del disolvente mediante vapor de agua introducido en el extractor y la posterior descarga del residuo sólido -orujillo- gracias a la presión lograda mediante la entrada de más vapor de agua.

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La fiscal sostiene que esta actividad era controlada por el encargado y jefe de mantenimiento de la empresa, al que acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores y tres delitos por imprudencia grave y otro de lesiones imprudentes por infracción de medidas de seguridad. Por el primero de ellos la fiscalía solicita la pena de tres años de prisión y por el segundo una condena de dos años y tres meses de privación de libertad. Esta misma pena es la que solicita la fiscalía para el representante legal de la compañía.

RELATO DE LOS HECHOS

El juicio se celebrará diez años después del trágico suceso que conmocionó a la opinión pública hacia el mediodía del día 24 de mayo de 2012, mientras se desarrollaba la penúltima fase de la extracción del aceite con disolvente -hexano- en el interior de la sala de extractores. La fiscal sostiene que la supervisión de este proceso correspondía al maestro de  vigilancia de las operaciones, quién estaba contratado por la empresa como peón y llevaba desempeñando sus servicios 32 años. En su escrito de conclusiones la fiscal solicita para este trabajador una condena de dos años y nueve meses de prisión por tres delitos de imprudencia grave.

En el juicio se partirá del hecho de que en el momento en el que se extraían los últimos restos de la miscela -disolvente más aceite- mediante el empuje de la materia con presión superficial de vapor de agua, el encargado de esta tarea, “por ausencia o descuido grave derivado de falta de atención,  no prestó atención a los marcadores de presión durante largo tiempo”.

En aquella jornada se dieron varias circunstancias añadidas: la maquinaria con la que se realizaba el proceso carecía de marcado de la CE y no estaba sometida a tareas de mantenimiento. Además la empresa no disponía de las instalaciones o mecanismos adecuados para la señalización de sobrepresión sin que constara nada al respecto en la evaluación de riesgo. Esta sucesión de hechos hizo que se produjera una primera  explosión en el extractor número 3, que se rompió por la zona de soldadura del fondo koppler; esto permitió la entrada de oxígeno y su contacto con el hexano del interior provocó una segunda deflagración que resultó mortal.

Además del fallecimiento de tres personas, uno de los operarios de la fábrica que asistirá a la vista como acusado, sufrió una herida contusa en el cuero cabelludo, erosiones en el hombro izquierdo y las rodillas, un esguince cervical y trastorno de estrés postraumático, por lo que necesitó, además de rehabilitación, tratamiento psicológico y psiquiátrico.

La viuda del fallecido Alberto Lozano Zango ha renunciado al ejercicio de toda acción civil o penal que pudiera corresponderle. La vista se celebrará los días 15, 16, 17, 18 y 21 de marzo de 2022, a las 9.30 de la mañana, en el Juzgado de lo Penal de Plasencia.

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(LA MAÑANA de Radio Interior ha omitido intencionadamente los nombres de los acusados para los que la fiscalía solicita penas de prisión por no existir una sentencia firme sobre los hechos).


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