Agentes del Seprona de la Guardia Civil de Valencia de Alcántara han investigado a cuatro personas como supuestas autoras de un delito de estafa, que llevaron a cabo mediante la venta de 40 cochinos de montanera, por lo que consiguieron estafar algo más de 11.000 euros al propietario de los mismos.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil iniciaron las investigaciones tras recibir la correspondiente denuncia por la supuesta estafa en la compra-venta de 40 cochinos de engorde (montanera), y consiguieron localizar, en una finca situada en el término municipal de Salorino, los cerdos que supuestamente se habían comprado de manera fraudulenta. Estos se encontraban en las instalaciones de una empresa que se dedica a la elaboración de productos del cerdo ibérico y posee centenares de cochinos en engorde.
Una vez inspeccionada la documentación de todos los animales en la propia finca, así como la documentación relativa a su movimiento, recabada al Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura, se pudo determinar que el supuesto comprador de los mismos pretendió justificar el pago mediante la emisión de varios pagarés cuya beneficiario, lejos de ser el verdadero propietario, resultó ser la pareja de la persona que había hecho de intermediario en la compra-venta.
Este intermediario, una vez que había conseguido del comprador los datos de destino de los animales, llevó a cabo la expedición de la correspondiente guía de traslado para sacarlos de la explotación origen, y no volvió a tener contacto alguno con la persona propietaria de los animales.
Trasladados los animales a la finca, el comprador emitió el correspondiente pagaré a nombre de la persona que le había facilitado el intermediario, que era su pareja, e incluso emitió una factura justificativa de la venta, pero no por la cantidad pactada, sino por otra inferior, para sí beneficiarse igualmente el comprador que adquirió los animales.
Finalmente, la Guardia Civil ha procedido a investigar por un supuesto delito de estafa de algo más de 11.000 €, al intermediario y su pareja, al comprador y al titular de la explotación donde fueron introducidos los animales, instruyendo las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Valencia de Alcántara (Cáceres).
