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Una delegación de diputados de Unidas por Extremadura, entre los que figuran Irene de Miguel, Lorena Rodríguez y Álvaro Jaén, han estado acompañando a los trabajadores del Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) en su concentración a las puertas de la Asamblea para reivindicar un servicio público del mismo, denunciando de esta forma la intención de la Junta de Extremadura de privatizar este servicio.

La portavoz de UpE, Irene de Miguel, ha defendido ante los medios de comunicación que “es totalmente injusta la privatización de este centro que lleva 20 años de gestión pública y que además ha demostrado que la Sanidad Pública es importantísima”.

La portavoz ha destacado que “la Sanidad Pública es una joya que debemos cuidar y la Salud Mental más aún, con lo cual no entendemos esta obcecación de la Junta de Extremadura por privatizar este servicio”.

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Por ello, han estado acompañando “a los trabajadores y trabajadoras en su justa reivindicación para que se cumpla la Ley General de Sanidad, que se cumpla con sus derechos laborales, y sobre todo, que acabe este incertidumbre que afecta no solo a ellos como trabajadores, sino a las personas que sufren enfermedad mental que están en este centro y a las familias”.

Por su parte, Loro Rubio, director del CRPS de Plasencia ha reivindicado que son “trabajadores públicos ya que pertenecemos a una administración local que es el Ayuntamiento de Plasencia que es quien ha gestionado desde el principio este servicio”. Rubio ha defendido que el servicio sanitario que ofrecen “está reconocido e integrado dentro de la red de Salud Mental del SES”.

Por ello, Rubio ha reclamado que “entre la administración local y la regional se establezca una mesa de negociación para lograr que seamos trabajadores públicos adscritos al SES para que se nos reconozca a todos los niveles los derechos y los servicios que estamos prestando como sanitarios”.

Por su parte, Jesús Quijada, delegado sindical del Área de Salud de Plasencia del SES ha denunciado que “nos encontramos ante la primera privatización de un servicio sanitario especializado prestado por profesionales sanitarios en la historia del Servicio Extremeño de Salud”. “Esto supone un agravio frente a más de mil empleados públicos de otras administraciones, que al amparo de la Ley General de Sanidad fueron en su día transferidos al SES”, ha recalcado.


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