El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha anunciado que 130.348 ciudadanos más de la región están, desde este mes, exentos de abonar el coste de los fármacos que necesitan para sus tratamientos.
Esta exención podrá aplicarse gracias a la Ley de Presupuestos Generales, según Vergeles, que ha dicho que posibilita que se unan a los grupos que ya estaban exentos del copago farmacéutico otros tres más. A partir de ahora tampoco pagarán el copago los menores de edad que tengan reconocida una discapacidad del 33 por ciento, las personas perceptoras de la prestación económica de la Seguridad Social con hijos o menor a su cargo en acogimiento familiar o guarda con fines de adopción, ni los pensionistas de la Seguridad Social cuya renta anual sea inferior a 5.630 euros, si hacen declaración de la renta, o, si no tienen que hacer declaración de la renta, su renta anual sea inferior a 11.200 euros.
“Estamos trabajando intensamente para potenciar el sistema público de salud; por un lado combatiendo la obsolescencia tecnológica y, por otro, haciendo un esfuerzo importante para que las personas más vulnerables y desfavorecidas puedan acceder a sus tratamientos”, ha dicho Vergeles.
El consejero ha anunciado que la Junta de Extremadura se pondrá en contacto con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y otras asociaciones para instarles a que aquellos que no estén incluidos en las exenciones pero les correspondan puedan presentar la solicitud a la Seguridad Social.
El Ejecutivo considera que esta medida «combate la brecha de desigualdad», y que invertir en estas personas es cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de igualdad y de protección de la salud que supone un coste de alrededor de 8 millones de euros en la factura farmacéutica.
“Es hacer un sistema nacional de salud cada vez más potente, que es lo que nos ha enseñado la pandemia”, ha dicho el consejero de Sanidad y Servicios Sociales.
