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Las demandas de separación y divorcio han aumentado un 23,2 por ciento en el tercer trimestre de 2020 en Extremadura, una región que se sitúa por encima de la media nacional en la que la subida de rupturas matrimoniales ha sido del 16.6 por ciento.

Pero, ¿hasta qué punto han influido la pandemia y el confinamiento de los ciudadanos en este incremento de casos de divorcios? El estado de alarma se prolongó desde el 14 de marzo al 21 de junio, lo que supuso la paralización de los procesos judiciales como consecuencia de la Covid-19. Desde entonces, y hasta el 30 de septiembre, se han presentado 561 demandas de separación y divorcio, mientras que en el mismo período del año anterior la cifra fue de 455.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) reconoce que este aumento se ha producido después del impacto que ha tenido el confinamiento en la población, pero argumenta que ha sido debido a la suspensión de plazos procesales y la adopción de medidas de seguridad e higiene para hacer frente a la pandemia. La Covid-19 también afectó a los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año, lo que se tradujo en “importantísimas reducciones en todos los tipos de demandas”, asegura el TSJEx.

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La pandemia supuso una ralentización de la Administración de Justicia y provocó una acumulación de casos que, irremediablemente, pasaron del segundo al tercer trimestre, y esa puede ser la causa principal, es decir, su posterior tramitación. Lo que resulta más complicado de demostrar es hasta qué punto han influido las relaciones sociales en el hogar, durante un tiempo mucho más prolongado, en ese importante crecimiento del número de divorcios.

Matrimonios que apenas se veían durante largas jornadas laborales fuera del hogar, hijos con tareas educativas a cargo de los padres, traslado de los abuelos a la vivienda familiar para evitar riesgos y cuidar de los nietos y un sinfín de causas más también han influido en este notable aumento de las cifras, pero esa es una cuestión que sería objeto de un análisis más detallado desde los puntos de vista sociológico y psicológico.

LAS ESTADÍSTICAS

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número total de demandas de separaciones y divorcios ha aumentado de media en el país un 16,6 por ciento respecto al tercer trimestre de 2019.

Las 335 demandas de divorcio consensuado son un 28,4 por ciento más que las presentadas en el mismo trimestre de 2019.  Las 198 demandas de divorcio no consensuado son un 22.2 por ciento más. Por lo que respecta a las demandas de separación, las 19 demandas de separación consensuada representan, por el contrario, un descenso del 17,4 por ciento, y las 9 no consensuadas son las mismas que se presentaron el año anterior.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en Canarias y en la Comunidad Valenciana, con 6,6. Le siguen BalearEs, con 6,1; Andalucía, 5,9; Asturias y Cantabria, 5,7; Galicia, 5,6; y Murcia, 5,5. Todas estas comunidades autónomas superan la media nacional, que es de 5,4. Las cifras más bajas se han dado en Castilla y León y País Vasco, con 4,3; Madrid, 4,4; y Aragón, 4,6, que se quedan por debajo de la media nacional. Extremadura se sitúa en el 5,3.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las consensuadas, han mostrado importantes incrementos interanuales respecto al mismo trimestre del año 2019.

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 68, se han incrementado un 58,1 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas, 158, lo han hecho un 31,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, 158, han tenido un incremento interanual del 71.7 por ciento, mientras que las no consensuadas, 133, se han incrementado un 29,1 por ciento.


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