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El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido que, con la entrada de Extremadura a la fase 2 de la desescalada, se permita la movilidad entre las provincias de Badajoz y Cáceres. Una petición que también han realizado otras regiones como Galicia y País Vasco y sobre la que el Ejecutivo central se pronunciará a lo largo de la próxima semana.

Fernández Vara ha señalado que la mayoría de responsables de los Gobiernos autonómicos se han mostrado partidarios de que se mantenga el estado de alarma mientras permanezca el plan de desescalada y que, con toda probabilidad, a finales del próximo mes de junio la totalidad del país podría estar fuera de esta situación excepcional.

Esta petición la ha planteado este domingo en la  undécima conferencia de presidentes autonómicos en la que el Ejecutivo central les ha comunicado que el Gobierno aprobará la declaración de diez jornadas de luto oficial por las víctimas de la pandemia de Covid-19 en todo el territorio nacional desde este martes.

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Vara ha señalado que destacado en su comparecencia a los medios tras la conferencia que  se está trabajando en "un nuevo modelo de residencias de mayores a nivel nacional”, para poder tener recursos que permitan dar respuestas a las distintas situaciones y necesidades, introduciendo elementos de calidad y de gestión.

Así, Fernández Vara ha avanzado que este viernes se abordará este nuevo modelo de atención a los mayores y, además, se propondrá la creación de una ponencia en la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales. “Se trata de crear algo entre todos y homogéneo para el conjunto del país”, ha matizado.

Asimismo, el presidente extremeño ha planteado al Ejecutivo central "la transformación del Instituto de Salud Carlos III en una Agencia de Salud pública en España", en el que puedan participar también las Comunidades Autónomas, con el objetivo de “poder hacer frente a situaciones excepcionales como ésta, a través de "una estrategia en la que no haya que improvisar”. Un modelo pionero en España que sería gestionado de manera conjunta entre el Gobierno central y las autonomías.

 

 

 


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