El Ayuntamiento de Moraleja ha aprobado en pleno, con los votos a favor del PP y en contra del PSOE, una moción en la que se insta a los concejales del Partido Socialista a presentar su dimisión por judicializar la política al emprender reiterados procedimientos judiciales contra ediles del PP que han sido archivados, sobreseídos o desestimados.
El portavoz de los populares, Rubén Blanco, anunció en pleno que iniciarán los trámites pertinentes para que las costas de los más de veinte procesos judiciales sean abonados por los ediles del PSOE y no con fondos de las arcas municipales que repercute en los "bolsillos de todos los moralejanos".
Blanco recordó que de forma reiterada ediles del PSOE acusaron en los tribunales a concejales del PP de Moraleja de falsedad documental, prevaricación o tráfico de influencias, entre otros delitos. El PP insistió en que la Justicia les ha dado la razón en todos y cada uno de los procesos y confirmó que presentarán la documentación pertinente a los responsables de ambas formaciones políticas a nivel regional y provincial para que comprueben cómo se judicializó la vida política de Moraleja.
El alcalde, Pedro Caselles, aseguró que la situación "llegó a extremos enfermizos" y se preguntó quién paga esto ahora, ¿los moralejanos?". Acusó a la oposición de emprender "persecuciones personales" contra concejales del PP" y recordó que los populares en Moraleja "nunca han presentado querellas criminales". "El Ayuntamiento no es del PSOE, la Justicia ha dictaminado en más de veinte ocasiones que no se vulneraron derechos fundamentales y ahora quién paga esto", reiteró Caselles.
EL PSOE ASEGURA QUE LA JUSTICIA FUE LA ÚNICA VÍA
Por su parte, la exalcaldesa de Moraleja y portavoz del PSOE, Teresa Roca, aseguró en pleno que en la anterior legislatura se vulneraron derechos fundamentales y "por eso recurrimos a la justicia".
Roca negó que iniciaran más de veinte procedimientos contra ediles del PP y matizó que el número de procesos judiciales es menor. Teresa Roca aseguró que lo "único que hizo el PSOE fue ejercer la acusación particular, es el pleno el que tomó esta decisión por irregularidades", en referencia a casos como URVIMO o IPEX.
En cuanto al pago de las costas, la portavoz del PSOE no se pronunció y pidió al actual equipo de Gobierno que se pregunte quién abonará la multa de más de 600.000 euros que el Ministerio de Hacienda puso al consistorio de Moraleja por las contrataciones en las obras del puente sobre la Rivera de Gata.
