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Agredir e insultar a un profesional sanitario comienza a no salir barato. Un juzgado de Don Benito ha considerado, por primera vez en Extremadura, que la agresión a un médico durante el ejercicio de sus funciones es un delito y no una falta. Según informó ayer el Colegio de Médicos de Badajoz, el agresor, que era su paciente, ha sido condenado a 22 meses de prisión por un delito de atentado a un funcionario público.

Los hechos ocurrieron en el 2007, cuando el médico, que trabajaba en el servicio de urgencias del Hospital Don Benito-Villanueva, decidió el traslado de este paciente, de 31 años de edad, al Hospital Psiquiátrico de Mérida después de que intentará autolesionarse mediante la ingesta de medicamentos. Fue en ese momento cuando el agresor atacó al facultativo propinándole puñetazos por todo su cuerpo, lo que le provocó diferentes lesiones que le tuvieron 108 días de baja, según recoge la sentencia. El ahora condenado también golpeó a un vigilante de seguridad al que le asestó otro puñetazo en la nariz.

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hildago, mostró ayer su satisfacción por esta sentencia. A su juicio, contra este tipo de agresiones "no cabe otra figura que la tolerancia cero". Hidalgo mostró también su contrariedad por que esta clase de situaciones siga produciéndose, "por lo que se debe seguir trabajando para que no ocurran, ya que la confianza entre médico y paciente es fundamental en el ejercicio de nuestra profesión". Contra esta sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Don Benito cabe recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Pero el veredicto dado a conocer ayer no es un hecho aislado. En el último mes se han producido otros dos que han considerado los insultos a un facultativo como constitutivos de una falta de ataque a la autoridad. En este caso los hechos tuvieron lugar en los centros de salud de Mirabel y Miajadas. Para Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, los casos denunciados hasta ahora no son más que la "punta del iceberg", si bien añade que "cada vez son más los facultativos que están presentando denuncias". Arjona indica que lo más normal es que se trate de agresiones verbales que suelen tener lugar en atención primaria "cuando le deniegas alguna receta o una baja laboral al paciente". De hecho, tres cuartas partes de las denuncias por agresión presentadas en Cáceres en los últimos dos años se produjeron en los servicios de medicina de familia.

En noviembre del 2006 Extremadura fue una de las primeras comunidades autónomas en las que la Fiscalía de su Tribunal Superior de Justicia dio órdenes para que las agresiones a los profesionales sanitarios pudieran ser consideradas como constitutivas de un delito de atentado contra un funcionario público. "Deben darse dos circunstancias, que sea una agresión grave, y que ocurra durante el desempeño de sus funciones", explica el fiscal jefe del TSJEx, Aurelio Blanco. Recientemente, una instrucción de la Fiscalía General del Estado se pronunciaba en muy similares términos.

Pero los médicos no son los únicos profesionales afectados por la agresiones físicas, los insultos o las amenazas. Un estudio elaborado por la Organización Colegial de Enfermería y dado a conocer a finales del 2007 aseguraba que una tercera parte de los enfermeros había sido víctima de agresiones físicas o verbales en el último año. "Los enfermeros son los profesionales que tienen más presencia y los más próximos al paciente", detalla Isidro Nevado, representante del sindicato de enfermería Satse y presidente del Colegio de Enfermería de Cáceres. Nevado no piensa que la situación en Extremadura sea mejor que en el resto de España. "Los datos nacionales son extrapolables a la región", asegura. Es más, cree que se trata de un fenómeno que se está incrementando.

También en el caso de los enfermeros se han producido en los últimos meses varias sentencias que van en la misma línea de las anteriores. En febrero pasado se condenó por vez primera en la región a una paciente a una pena de prisión (un año) por agredir a una enfermera.

Algunas comunidades como Andalucía, el País Vasco o Madrid han instalado en sus centros de salud diferentes medios de protección para su personal, como vigilantes jurado, timbres antipánico y cámaras de videovigilancia. Fuentes de la Consejería de Sanidad apuntan que de momento no se tiene previsto tomar este tipo de medidas, al tiempo que se añade que hasta el momento las acciones se han desarrollado en el ámbito de la concienciación. "Hemos hecho campañas divulgativas mano a mano con los colegios profesionales", se explica.

Isidro Nevado, sin embargo, es partidario de que en algunos de los servicios médicos, como en el caso de las urgencias, se establezcan estos sistemas de protección. "Habría que controlar el acceso con vigilantes de seguridad para que no sucedan este tipo de cosas", asegura este responsable sindical, que cree que así se podrían evitar sucesos como el que tuvo lugar hace varios años en Cáceres, cuando un hombre entro en un centro de salud de Cáceres armado con una catana.

El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, pidió ayer la colaboración de la Administración pública, en especial de la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, para que se profundice en el desarrollo del Manual de Estrategia para Paliar las Agresiones a Médicos, elaborado por la institución colegial, pionera en España en este tipo de iniciativas. En este sentido, Pedro Hidalgo insistió en la necesidad de que la Administración atienda "la seguridad de los médicos, no solo a los que trabajan en el Servicio Extremeño de Salud, sino a todos los que desarrollan su actividad en el campo sanitario, ya sean de ámbito privado o concertado". También mostró su gratitud por el apoyo del ministerio fiscal.


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