Tolerancia cero. Inflexibilidad. Esta parecer ser la premisa del Ayuntamiento de Cáceres en un asunto que colea desde hace años, pero que no acaba de materializarse del todo: la peatonalización no ya de la Ciudad Monumental, sino del recinto intramuros en su conjunto.
El Consistorio ha optado por la mano dura, y en esta línea, nada más ejemplarizante que las multas. Ayer, un grupo de agentes de la Policía Local realizó una batida por el casco histórico de la ciudad, en busca de vehículos mal estacionados. Y los encontró. En una sola mañana, pusieron un centenar de multas. Concretar la cifra es complicado, porque los agentes no pasan sus boletines de denuncia a diario, sino cuando han reunido un número determinado (es una práctica de trabajo habitual en muchas policías locales), aunque la cifra del centenar no es en absoluto descabellada. «Muy probablemente hayan sido en torno al centenar -confirma César García, superintendente-. Nos movemos en un baremo de entre 70 y 130».
En todos los casos, la sanción económica para el infractor es de noventa euros, aunque hay que hacer una salvedad. Una parte nada desdeñable de las multas impuestas durante la mañana de ayer fueron a vehículos autorizados para aparcar en ese recinto. Ayuntamiento y Policía Local lo saben, y esperan recibir durante los próximos días los escritos de descargo de los afectados. Precisamente por esto, el concejal de Tráfico lanza un mensaje de tranquilidad. «Por supuesto que tendremos en cuenta los residentes con tarjeta válida que hayan sido multados», razona Carlos Jurado.
La imposición de sanciones a quien no debiera se entiende como un mal difícil de evitar en este tipo de actuaciones, que tienen un objetivo claro: despejar de coches el casco histórico, conforme a la filosofía política de ir peatonalizando la Ciudad Monumental y sus alrededores. Es un proceso que ha generado un profundo debate en los últimos años, pero que hace tiempo se dio por obligado. Desde hace cinco años se desarrolla de forma progresiva, sobre todo porque requiere la mentalización ciudadana, y aunque con matices, las fuerzas políticas de la capital están de acuerdo en lo esencial. «Es muy sencillo: donde está prohibido aparcar no se puede aparcar, y quien lo haga sabe que se expone a ser sancionado -reflexiona el edil-. No puede ser que un señor venga de Japón a ver la Ciudad Monumental y al llegar se la encuentre llena de coches».
Esa escena se ha dado durante décadas y ya no es tan habitual, lo que no quiere decir que no haya desaparecido. A día de hoy, no es complicado encontrar turismos estacionados en distintos rincones del casco histórico. La práctica diaria establece que este recinto sólo permanece al tráfico en el horario de carga y descarga, es decir, de 8 a 11 horas. Antes y después de ese tramo horario, sólo pueden entrar y salir los vehículos autorizados: residentes acreditados, vehículos de emergencia, seguridad, sanitarios o de servicio público. Aún estando autorizados, todos se encuentran con los famosos bolardos situados en las entradas al recinto intramuros. Esa pilona metálica se acciona desde la central de la Policía Local, una vez que se comprueba que al volante del vehículo que solicita que baje el bolardo para poder pasar está alguien autorizado.
Sin embargo, este dispositivo tiene que luchar contra la picaresca. La gran mayoría de los vehículos sancionados -a excepción de los autorizados a los que también se impuso multa, como se ha explicado antes- a lo largo de la mañana de ayer accedieron a la zona prohibida durante la hora de carga y descarga. Entraron sin mayores dificultades, y allí quedaron el coche una vez pasadas la hora. Entonces, sus vehículos están estacionados en un espacio no permitido.
La segunda batida
«No es la primera vez que se hace una intervención así -matiza Carlos Jurado-. Hace un mes, más o menos, realizamos otra. La Policía Local tiene la orden de ser inflexible en esta materia, y tiene esa orden porque así lo decidió la comisión de movilidad urbana».
De ese grupo de quienes sí pueden dejar su coche en la zona más transitada por los turistas, el más problemático es el de los residentes. Y se trata de un conflicto basado en los números. Según un estudio reciente encargado por el Consistorio, hace unos meses había un total de 741 tarjetas de residente. Así, de entrada, la cifra puede no llamar la atención en exceso, pero el panorama cambia si se tiene en cuenta un segundo dato: el recinto intramuros tiene censados 360 vecinos. A ellos habría que añadir en torno a cuarenta industriales que necesitan permiso para estacionar porque tienen negocios en la zona. En total, pues, las necesidades se cubrirían con 400 tarjetas, aproximadamente. Es decir, sobra unas 340.
«Desde septiembre hasta ahora -explica el concejal- se han retirado unas 350 tarjetas. Eso significa que un tiempo breve hemos reducido en más de un tercio el número de permisos. Había muchos que sobraban, y es posible que tengamos que seguir depurando el censo». «El recinto intramuros no puede ser un aparcamiento al aire libre, y menos aún teniendo el parking de Obispo Galarza al lado -reflexiona Carlos Jurado-. En ninguna ciudad europea con una parte antigua como la nuestra se ve una cosa así. La gente debe saber que en este tema, vamos en serio».
