Casi 300 padres se declaran objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) en Extremadura. De ellos, 220 pertenecen a la provincia de Cáceres y 68 a la de Badajoz. Así, según la agencia Europa Press, estas objeciones se integran en las 50.420 presentadas en España.
Estas cifran permiten a la Plataforma Independiente de Padres Objetores a EpC de Cáceres y la Plataforma Objetorex califican de intromisión estatal en la educación de sus hijos esta asignatura.
La portavoz de la Plataforma Objetorex, María Santiago Quesada, justifica la oposición de los padres a esta asignatura como "fruto del coraje" de unos padres contrarios a una materia, cuyo propósito, a su juicio, es "formar la conciencia moral" de los menores. "Durante los último meses, los objetores hemos sufrido presiones y amenazas. El Gobierno de la nación y los gobierno autonómicos de todos los partidos nos han ignorado o acusado de fundamentalistas, intolerantes o rebeldes, mientras que en comunidades como Andalucía, la Administración ha llegado a realizar actos presuntamente delictivos como publicar en el boletín oficial de la comunidad los nombres de los menores objetores", asegura.
A este respecto, reitera que la intención de los padres de alumnos objetores es continuar exigiendo "respeto" a su posición y a sus hijos y destacó el incremento "imparable" en el número de las objeciones. De hecho, se muestra satisfecha ante los datos presentados hoy porque, en su opinión, "consolidan" el movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía que se articula desde 107 asociaciones y plataformas a nivel nacional. "Ahora somos más objetores, estamos más unidos y tenemos un propósito: ni un paso atrás en la defensa de la libertad ideológica, de conciencia y de educación".
María Santiago Quesada confía en que el Tribunal Supremo confirme el "derecho a objetar", aunque indica que, si fuera necesario, las plataformas estarían dispuestas a acudir al Tribunal Constitucional y a Estrasburgo.
Por su parte, el abogado de la plataforma, Domingo Hidalgo, informa de la situación judicial relacionada con las objeciones a la asignatura que "por la intransigencia de las administraciones educativas" ha acumulado 1.575 procesos judiciales en los que se reclama el "derecho a la objeción".
En el caso de Extremadura, se presentaron cuatro recursos en la provincia de Cáceres de los que se han dictado sendos autos cautelares favorables a la objeción. A nivel nacional, los tribunales han dictado más de 180 resoluciones favorables a los objetores, entre sentencias y autos de medidas cautelares. Hidalgo resalta que mañana finaliza el plazo para dictar sentencia por parte del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres.
El abogado resalta que los padres se sienten "absolutamente desamparados" por todos los poderes públicos y partidos políticos ante lo que consideran una "discriminación negativa" y un "apartheid".
A este respecto, lee el artículo 27.3 de la Constitución que dice que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religioso y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". "Ante este ataque directo por parte de los poderes públicos que imponen un pensamiento único los padres aplican la legítima defensa a objetar".
Finalmente, Margarita Cabrer relata la experiencia de su hijo Juan, un alumno objetor de Educación para la Ciudadanía que cursa 3 de ESO en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz, quien las primeras semanas en las que objetó a la asignatura estuvo en el banco del pasillo donde suelen estar los niños castigados.
Cabrer indica que el 16 de septiembre puso en conocimiento del director del centro la decisión que habían tomado con respecto a la asignatura aunque, a fechas de hoy, aún no ha recibido contestación alguna y el profesor de Educación para la Ciudadanía le ha trasladado que, sin una "respuesta oficial", continuará poniendo falta al alumno cada vez que falte a clase.
Juan es el único alumno del IES Rodríguez Moñino de Badajoz que ha objetado a la asignatura
