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El juez de la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al oficial de la Policía Local de Cáceres, Ramón Álvarez Rebollo, a siete meses y quince días de prisión por un delito de amenazas, mientras que le absuelve de los delitos de coacción y prevaricación. Asimismo, decide absolver a los agentes P.F.M. y A.C.G. Además, Álvarez Rebollo no podrá ejercer como policía durante el tiempo que dure la condena.

Los hechos se remontan al 28 de marzo del 2007, cuando el condenado acudió, vestido de uniforme y en el coche policial, al establecimiento de Automociones Reyes López, en la Ronda de San Francisco, para acompañar a José Luis B., presidente de una asociación de vehículos clásicos, en la gestión de compra de una furgoneta Mercedes Vito.

Según declararon los propietarios de Automociones Reyes en el juicio celebrado el día 12 de septiembre, la conversación fue subiendo de tono al negarse ellos a vender, hasta el punto de que R. A. R. les manifestó "que se atuvieran a las consecuencias si no la vendían". R. A. R. negó haber pronunciado esas palabras y su acompañante, José Luis B., manifestó que la conversación discurrió por cauces normales.

Unos días después, la noche del 10 al 11 de abril, la grúa de la Policía Local se llevó al depósito dos vehículos: la Mercedes Vito que había sido objeto de aquella conversación y otro vehículo propiedad de Automociones Reyes. Una dotación policial compuesta por P. F. M. y A. C. G., los otros dos imputados, fue la que tramitó las denuncias. Los agentes declararon ayer que denunciaron a ambos vehículos por estar mal estacionados y por carecer del seguro obligatorio, información ésta última que obtuvieron llamando a la Jefatura.

Cuando el día 11 el representante de Automociones Reyes vio que sus vehículos habían desaparecido fue a la Jefatura y allí le explicaron, según declaró en el juicio, que los vehículos se habían retirado por carecer de seguro. Cuando aportó la documentación del seguro, y transcurrido un día más, le dijeron que el motivo era que estaban mal aparcados. Reyes interpuso una denuncia en el juzgado, que ordenó que se le devolvieran los vehículos, y R. A. R. fue detenido.