Ya es definitivo. La gestión de los psiquiátricos de Plasencia y Mérida, hasta ahora dependientes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, respectivamente, pasa a manos de la Junta de Extremadura. Sin embargo, las dos corporaciones locales seguirán sosteniendo económicamente los centros.

El traspaso de competencias se hizo efectivo ayer en sendos plenos ordinarios con idéntico balance: el PSOE sacó adelante su propuesta en solitario, ya que el PP se opuso al considerar que el acuerdo alcanzado con el Gobierno regional perjudica a los intereses de ambas instituciones provinciales.

Tras el visto bueno de los plenos, los complejos sanitarios de Mérida y Cáceres serán gestionados de forma efectiva por la Junta a partir del 1 de enero del próximo año, ya que el convenio a tres bandas plantea un período transitorio para los seis próximos meses en los que el servicio seguirá corriendo a cargo de las diputaciones, aunque recibirán una compensación posterior por la gestión durante este período.

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En el caso de Plasencia, según explicó ayer el presidente de la Diputación de Cáceres, Juan Andrés Tovar, el coste efectivo del servicio alcanza los 14 millones de euros, con una plantilla de más de 500 trabajadores para atender a 304 pacientes. Tovar se felicitó por el acuerdo que, dijo, "es bueno y necesario" y "beneficia a enfermos y trabajadores". Según precisó tras el pleno el diputado de Recursos Humanos, Carlos Jurado, el mantenimiento de los puestos de trabajo está garantizado y las nóminas, con el nuevo membrete de la Junta, estarán listas para enero del 2009.

A pesar de este final feliz, la aprobación de las transferencias del psiquiátrico placentino vino precedida por un intenso debate entre populares y socialistas. El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Fernando Manzano, criticó la "precipitación" con la que se planteó ayer esta decisión, sin apenas tiempo para estudiar el contenido del convenio, presentado por la vía de urgencia en la sesión plenaria. Manzano aseguró que el acuerdo "perjudica" a la diputación porque la institución seguirá corriendo con el 40% del total de los gastos, a pesar del compromiso de que cada año la aportación se reduzca en un 5% hasta llegar a ese porcentaje final. Este 5% que las diputaciones se ahorrarán cada año, más una cantidad similar que aportará la Junta, se invertirá en planes de obras en los municipios con menos de 20.000 habitantes.

En Badajoz, el representante del PP, Jesús Villalba, también criticó este traspaso ya que, una vez que pasen 12 años, la institución provincial seguirá aportando de por vida el 40% del coste efectivo de la gestión, informa Efe. Villalba añadió que, dentro de la valoración del coste efectivo del hospital, no se ha incluido el valor de los edificios del actual complejo, que es propiedad de la Diputación de Badajoz. El hospital psiquiátrico Adolfo Díaz Ambrona de Mérida trata al año a 350 pacientes, atendidos por 420 trabajadores con un coste anual para la institución provincial de entre 17 y 18 millones de euros.

El portavoz del equipo de gobierno provincial, el socialista Ramón Ropero, aseguró que el acuerdo, que calificó de "bueno", se firmará en los próximos días. Según la diputación pacense, el decreto de transferencia fija un coste real que roza los 11,7 millones de euros y que la Junta deje de percibir al año un 5% del importe real hasta llegar al 40% del mismo. Con esta fórmula, explicaron, "la Diputación de Badajoz y la Junta han acordado crear con el porcentaje ahorrado un plan para inversiones en pequeños municipios".

EN CIFRAS En resumen, ambos psiquiátricos costarán a la Junta 30 millones de euros al año, con los que se podrá atender a más de 700 enfermos y costear una plantilla que supera los 800 trabajadores. Aunque los sindicatos apoyan el traspaso con su participación en las comisiones mixtas en las que se ha negociado todo el proceso, han exigido que el personal de los centros pase a depender íntegramente del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Sin embargo, el diputado Carlos Jurado precisó ayer que el convenio contempla que los trabajadores pasen a formar parte de la Junta, sin especificar servicio ni consejería alguna, una cuestión, dijo, "que deberán negociar los sindicatos".