Galvanización Toledo S.L. denuncia a la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEx) en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz por los presuntos delitos de violación de secreto, espionaje industrial y uso de información confidencial en el proyecto para montar una empresa en la que participa con el 49 por ciento del capital. El portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Luis Hernández Carrón, informa que la denuncia se presentó en julio de 2007 y que fue admitida a trámite, según recoge El Periódio Extremadura.
La denuncia va dirigida también contra Eduardo Benavente y las dos empresas que promovió, una de ellas participada por la SOFIEX, cuando todavía era director de la Unidad de Negocio de Galvanización Toledo y miembro del Comité de Dirección del Grupo de Industrias Duero, al que pertenece la firma anterior. Benavente constituyó las sociedades Galvanizados de Extremadura S.A. y Sistemas de Galvanización en Caliente S.L. el 31 de julio de 2006, aunque no fue hasta el 15 de octubre de este año cuando abandonó de forma voluntaria la empresa demandante, según consta en la denuncia que ha facilitado el PP a los periodistas.
Según los demandantes, Benavente y su socio Francisco Jesús Gómez Rebollo, al que conoció en el año 2003 en un máster de gestión y dirección de empresas y que también esta denunciado, fraguaron un proyecto dirigido a "expulsar" del mercado a Galvanizados Toledo "dirigiéndose directamente a sus propios clientes y ofreciéndoles el mismo productor a inferior precio".
El proyecto, que incluía abrir una planta en Casatejada (Cáceres), no hubiera prosperado sin el apoyo económico de la sociedad pública extremeña, "que estaba perfectamente al tanto de todo lo relacionado con la nueva empresa a constituir, la procedencia de sus creadores y el negocio que pretendían desarrollar".
SOFIEx ha participado en Galvanizados de Extremadura con el máximo que le permite la ley, el 49 por ciento, y con avales por valor de 700.000 euros, según consta en la demanda. La denuncia también dice que el Ayuntamiento de Casatejada cedía 50.000 metros cuadrados para la planta al precio "ciertamente político de unos cinco euros el metro cuadrado.
Los demandantes aportan miles de correos electrónicos relacionados con la creación, desarrollo y puesta en marcha de Galvanizados de Extremadura, obtenidos de un peritaje del ordenador propiedad de la empresa que usaba Benavente.
En unos de ellos, Benavente expone a un hermano suyo el interés de la SOFIEx en que la nueva empresa se asocie con IMEDEXSA, cliente de Galvanización Toledo.
La sociedad pública extremeña "faltó a la verdad", según los demandantes, cuando contestó al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Badajoz que no tenía los planes de negocio de la empresa que quería crear Benavente. En este sentido, el dirigente popular plantea que, si la SOFIEx no tenía ninguna información del proyecto, por qué ha invertido un millón de euros en él.
Hernández Carrón, que ha indicado que "intuyen" quién está detrás de esta iniciativa desleal, ha anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para aclarar este asunto; una pregunta oral sobre los criterios que ha seguido la SOFIEX para apoyar a Galvanizados de Extremadura se verá ya en comisión el próximo lunes, 28 de abril.
En el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid hay presentada una querella criminal por un presunto delito de violación de secreto contra los citados Benavente y Gómez Rebollo y su socio (Manuel Muñoz, director de Producción de Negocio de Galvanizados Toledo).
