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El Pleno del Comité de las Regiones (CDR) reunido en Bruselas ha debatido y aprobado el dictamen prospectivo sobre "Chequeo de la Política Agrícola Común", a través del cual el CDR toma posición al respecto de los análisis realizados por la Comisión Europea sobre el desarrollo de la Política Agraria Comunitaria desde la última reforma planteada en 2003.

El Comité de las Regiones ha aprobado hoy este dictamen sobre la propuesta de la Comisión en el que se apoya la simplificación para solicitar las ayudas, además de sugerir que la PAC debe reflejar la especificidad de cierto tipo de regiones y la diversidad de actividades agrícolas y sistemas de producción. Este chequeo debe centrarse, según el criterio del CDR en corregir las deficiencias surgidas a partir de la aplicación de las últimas reformas de la PAC.

El Presidente de la Junta de Extremadura defendió previamente, en la reunión del grupo socialista europeo, las enmiendas presentadas por la delegación extremeña, ya que desde Extremadura no se quiere dejar pasar la oportunidad de matizar cuestiones relacionadas con el sector agrícola.

Tras esto, se incorporaron al texto del dictamen diversas consideraciones realizadas por Extremadura a través de las enmiendas presentadas, como lo referente a la simplificación el complejo sistema de condicionalidad, así como garantizar el apoyo prioritario a la agricultura familiar, sin olvidar la labor de generación de empleo que determinadas explotaciones desarrollan en el medio rural y que sostienen otras muchas economías familiares.

La Comisión Europea presentó en noviembre al Consejo y al Parlamento una propuesta para revisar los resultados de la última reforma de la PAC, iniciada en el año 2003. La Comisión pretende adaptar la reforma de 2003 a los nuevos desafíos del siglo XXI, para lo que propone simplificar el régimen de ayudas directas y darle mayor eficacia; adaptarse a nuevos desafíos como el cambio climático o los biocombustibles; eliminación de las ayudas parcialmente ligadas a la producción, aunque también reconoce la necesidad de analizar caso por caso los riesgos de la eliminación de dichas ayudas para ciertas regiones con singularidades; y la simplificación del sistema de condicionalidad, es decir, el que establece una serie de requisitos para solicitar ayudas (hasta ahora es complicado debido a la burocracia, entre otras cosas porque para recibir ayudas hay que acreditar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria y salud y bienestar animal).


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