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El pleno del Ayuntamiento de Moraleja aprobó ayer por unanimidad la adhesión del municipio al consorcio para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia de Cáceres y sus estatutos, informa Isidoro Campos.

El concejal delegado del área, Pedro Caselles, explicó que el coste del servicio ascenderá a 1 euro por habitante y año, por lo que Moraleja deberá abonar anualmente más de 8.000 euros. A cambio, el consorcio actuará en la extinción de los incendios y en las labores de Protección Civil y salvamento que pudieran surgir sin tener que pagar por ello cada vez que se le requiera.

El ayuntamiento también dio luz verde a la ampliación de la oferta de empleo público para 2007 como consecuencia de la concesión de una excedencia voluntaria solicitada por un agente de la Policía Local que ha obtenido plaza en Plasencia.

En la sesión plenaria también se aprobó, con el voto favorable del Grupo Popular e Independientes por Extremadura (Ipex), el reglamento general de instalaciones deportivas municipales. Los concejales del PSOE, adscritos al grupo mixto, votaron en contra por considerar que "el reglamento se ha hurtado al anterior equipo de Gobierno" y por estimar que es preceptivo que el documento cuente con el visto bueno del Patronato Municipal de Deportes de Moraleja. El concejal socialista Antonio García explicó que el borrador de ese documento es una copia del utilizado por el Ayuntamiento de Burgos pero adaptado a las necesidades de Moraleja y argumentó que no fue presentado a pleno cuando el PSOE gobernaba por falta de tiempo. Populares e Ipex le reprocharon que no lo hubiese llevado a pleno a su debido tiempo. El reglamento contempla los derechos y deberes de los ciudadanos que deseen utilizar una instalación deportiva, regula su funcionamiento y establece las normas prioritarias de uso.

Donde no hubo discrepancia fue en la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales potencialmente peligrosos, cuyo texto fue aprobado por unanimidad. A partir de ahora, los perros que reúnan los requisitos establecidos en la ordenanza deberán ser registrados en el ayuntamiento, salir a la calle atados, con bozal y disponer de una cartilla sanitaria en la que aparezcan detalladamente todas las vacunas obligatorias. Por el contrario, otra ordenanza similar, pero reguladora de la tenencia de animales de compañía, no fue respaldada por los socialistas por considerar que es muy estricta y prohíbe la tenencia de perros a menores de edad.

El equipo de gobierno se vio en la obligación de llevar nuevamente a pleno una moción sobre la defensa de la bandera española porque en la última sesión plenaria sólo contó con mayoría simple y es necesaria la mayoría absoluta. Los concejales populares y el único edil de Ipex, socio de gobierno, ratificaron la moción, que fue criticada por la oposición. Así, el edil Felipe Mayoral dijo que "no procede" y pidió que si el asunto pretendía debatirse debería ahber figurado con otro enunciado en el orden del día.

CRECE LA CRISPACIÓN POLÍTICA

Como es habitual, la sesión plenaria no estuvo exenta de polémica, cruces de acusaciones y reproches entre populares y socialistas. La alcaldesa, Concepción González, dio lectura a los informes y resoluciones de la alcaldía y anunció que Moraleja dispondrá de una piscina climatizada cubierta el próximo invierno. Las obras se iniciarán próximamente y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses. El ayuntamiento ya dispone de las características de esta nueva instalación municipal y ha elegido el lugar en el que se ubicará.

González manifestó su intención de peatonalizar el puente sobre el río Rivera de Gata construído por el anterior equipo de gobierno, entre otras cuestiones por no reunir las condiciones mínimas de seguridad y porque sus dimensiones impiden al mismo tiempo el tránsito de vehículos y peatones.

"Con el puente de Moraleja se ha maltratado y despreciado a los vecinos de Moraleja y no vamos a consentir que eso vuelva a suceder", opinó la alcaldesa, quien se dirigió al público asistente para decir que "ahí queda la obra para vergüenza del equipo de gobierno anterior".

La alcaldesa informó que ha presentado conjuntamente con el diputado popular Eduardo Zaplana una proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados en la que solicita al Ministerio del Interior que ceda al municipio los terrenos donde se encontraba el antiguo cuartel de la Guardia Civil de Moraleja. En este sentido echó en cara a los socialistas que, durante su mandato, sólo hubiesen remitido una carta al subdelegado del Gobierno pidiendo su intermediación ante el ministerio para que los terrenos pudieran ser adquiridos por el ayuntamiento en condiciones preferentes.

Concepción González también dio a conocer en su intervención que el ayuntamiento ha recibido una sanción de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por importe de 8.000 euros como consecuencia del corte del cauce del río Rivera de Gata en las fiestas de San Buenaventura durante el mandato de los socialistas. La alcaldesa acusó a la CHT de contradecirse, ya que autorizó en su momento esta actuación para el paso de las reses participantes en los encierros taurinos. La multa será recurrida para evitar el pago de esa cantidad, según González, quien aprovechó para acusar a CHT de tener abandonado el cauce de este río; no obstante dijo que no va a entrar en una guerra entre Administraciones.

ACUSACIONES

La alcaldesa de Moraleja informó que los concejales socialistas que forman parte del grupo mixto se dirigieron a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural denunciando que la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Moraleja sólo se ha abierto para vecinos de este municipio, discriminando a los de otra procedencia. También dijo públicamente que la anterior alcaldesa, Teresa Roca, se dirigió a la Diputación Provincial de Cáceres para solicitar la paralización de un proyecto de línea eléctrica subterránea que iba a ser financiado por este organismo conjuntamente con Iberdrola y que beneficiaría a los vecinos de la Avenida de Lusitania. La ex alcaldesa lo negó y retó a González a que lo demostrase.

En tono jocoso, la alcaldesa también informó que nada más acceder a su cargo recibió una llamada "de una persona que se autodefinió como el famoso constructor Cuadrado Vega". Según su versión, el constructor la pidió que le acompañara al pabellón polideportivo, donde se estaban realizando unas obras de mejora de accesibilidad, y pudo comprobar, según denunció, que la empresa "pretendía cobrar una rampa de acceso que estaba hecha desde hace años".

Pero no acabaron ahí las acusaciones. El concejal popular Pedro Caselles criticó que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Moraleja sólo había registrado un análisis de sus parámetros desde noviembre de 2006, y que fue a raíz de una entrevista con la empresa responsable, Isolux, cuando comenzaron a ejecutarse. No obstante, según un informe que leyó públicamente, desde enero a julio de 2007 "ninguno de los análisis reunía los valores establecidos por la CHT". Es más, según dijo, hubo un "mes de puertas abiertas", que coincidió con abril, en el que los valores registrados "quintuplicaron los permitidos". Caselles criticó que a raíz de la labor realizada han descubierto casualmente que antes de que llegue el año 2008 hay que realizar una serie de obras en la EDAR para cumplir la normativa, así como aprobar una ordenanza sobre vertidos a los colectores, tal y como marca la Ley.

En una amplia intervención, los populares echaron en cara al anterior equipo de gobierno que hayan dejado sin abonar varias facturas a empresas con las que contrataron obras y servicios. En este sentido denunciaron que la firma Tapiz Verde reclama 4.500 euros por el resembrado del campo de césped municipal, que a Quimicel se le adeudan 1.921 euros por el pulido y abrillantado del suelo del pabellón poldeportivo, que a Construcciones Estévez no se le ha pagado el pintado del suelo de la pista de frontón y que a Víctor Manuel Martín Hérnández tampoco se le ha abonado otra contrata.

Además, el Grupo Popular pidió por el trámite de urgencia la aprobación de una moción para que los concejales de la oposición no reciban información municipal mientras continúen remitiendo sus escritos en nombre del Grupo Municipal Socialista. Según el PP, los ediles no presentaron en el tiempo reglamentario su petición para constituir el Grupo Socialista y, por tanto, están adscritos al Grupo Mixto. Teresa Roca les advirtió que, independientemente de lo que decida el pleno, continuarán registrando sus escritos y formulando sus propuestas como concejales socialistas. Roca fue más lejos y acusó al equipo de gobierno de actuar "de forma dictatorial" y Felipe Mayoral acusó a la alcaldesa de hacerlo "por capricho" para perjudicarles.

Concepción González dijo que un informe de la Diputación Provincial de Cáceres ha dado la razón al ayuntamiento en esta controversia, mientras que los socialistas interpretan que el texto ratifica su forma de actuar. El asunto está recurrido y pendiente de fallo. La crispación de la sesión plenaria fue subiendo de tono a partir de este momento y Teresa Roca dijo que, en todo caso, el grupo mixto lo integran los concejales del equipo de gobierno "que llevan muchas siglas", en alusión al Partido Popular-Extremadura Unida e Ipex.

"Todo se debe a la maldad de este equipo de gobierno y nosotros nunca dejaremos de ser el grupo socialista", aseveró Roca en medio de la trifulca verbal. "A lo mejor les da miedo que actuemos como grupo socialista", añadió. Sus palabras encontraron respuesta en la alcaldesa, que acusó a Roca de actuar "de manera infantil, ñoña, tonta y cansina".

A partir de aquí todo fueron acusaciones. El edil de Festejos, Pedro Caselles, aprovechó el momento en el que respondía una pregunta sobre las fiestas para insinuar que durante el mandato de los socialistas "algunas vaquillas puede que hicieran doble turno de tarde y noche". Antonio García, que entonces era el concejal responsable, respondió por alusiones que "eso hay que demostrarlo".

En el turno de ruegos y preguntas, Felipe Mayoral rogó a la alcaldes que convoque a la Comisión Especial de Cuentas para informar de los gastos de las fiestas, del concierto de Melendi y de otros asuntos. Caselles había desvelado previamente que la organización de la primera edición de las Noches Blancas de Moraleja supuso un coste de 12.117,85 euros al ayuntamiento, "ampliamente amortizado" por el éxito de las actuaciones realizadas.

Mayoral volvió a rogar a González que le entregase una copia de las grabaciones de los plenos y ésta le acusó de cinismo porque, según dijo, graba a escondidas en todas las sesiones. También pidió Mayoral explicación sobre algunas acusaciones de impago de facturas formulada por el equipo de gobierno y el portavoz popular, Carlos Lomo, echó mano de un informe que contenía la carta de un abogado reclamando 21.704 euros en nombre de la constructora Senpa. Como había sucedido anteriormente, Mayoral retó a la alcaldesa a demostrarlo con un escrito de tesorería, ya que la factura contaba con el visto bueno de la ex alcaldesa.

"Gobernar no significa que mienta", dijo Teresa Roca dirigiéndose a la alcaldesa, y ésta dijo que iba a poner una querella. "Ruego que informe por escrito el tesorero sobre la factura de Senpa", insistió Roca. "¿Quién ha dicho que yo ordené paralizar una obra?", añadió la edil socialista.

"Si me llama mentirosa la echo a la calle", replicó la alcaldesa. "Si vuelve a utilizar el nombre de grupo socialista la retiro la palabra", añadió González en medio del rifi-rafe verbal. Y otra vez Roca: "Los informes de alcaldía son un mitin de la alcaldesa". Y de nuevo González: "Se ha discriminado a personas de este municipio por razones políticas".

Entonces la alcaldesa insinuó que, casualmente, la arquitecta de la empresa pública Urvimo es la misma que la que contrata habitualmente el marido de la ex concejala de Cultura, Esperanza Caballero; que los socialistas intentaron beneficiar a la mujer de un concejal de su partido en Vegaviana dándole un puesto de trabajadora social y que la edil más joven del ayuntamiento, Mercedes Cores (PSOE) ha obtenido su empleo en la Administración por su condición de socialista.

Llegados a este punto, los concejales de la oposición decidieron abandonar el pleno. En ese momento, Felipe Mayoral se plantó desafiante ante la alcaldesa y la reprochó que sólo dos días después de acceder al ayuntamiento se otorgase la licencia de obras a una empresa del edil Ángel González Cava, socio indispensable en su gobierno.