El bloque C de la calle Ródano, en Aldea Moret, es el edificio más conflictivo de Cáceres. La comisión local de Patrimonio dictaminó este lunes a favor del realojo de nueve familias que residen en el inmueble. Unos desalojos a los que seguirán otros hasta que se complete todo el bloque, que probablemente no tendrá en un futuro un fin residencial.
No hay todavía una fecha definitiva para hacer efectiva esta decisión, aunque ayer ya se acordó dar luz verde al expediente de los primeros realojos, un paso administrativo, previo y necesario antes de que las familias dejen el bloque.
La pretensión de la edil de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro, es que este dictamen de la comisión de Patrimonio sea refrendado en el pleno que la corporación local celebra el jueves, una decisión que permite que las familias puedan firmar las escrituras de los pisos donde se les realojará. No se prevé que haya incidentes en el desalojo de los nueve pisos. Elviro recordó ayer que estas nueve familias son las primeras interesadas en abandonar el inmueble y tener otra casa.
El bloque C ha estado vinculado en los últimos años a sucesos de todo tipo, sobre todo a la venta de drogas, y la gota que colmó el vaso de la administración fue la aparición del cadáver de una mujer, que fue emparedada por su hermano, que aseguró ante el juez que falleció por una sobredosis. Entonces desde el ayuntamiento se anunció que el edificio sería desalojado y que se reutilizaría para usos de la administración.
Esto pasó en abril del 2006, pero hasta ayer no se dictaminó en la comisión de Patrimonio el primer acuerdo para proceder a los realojos, una decisión que se tomó con el voto a favor de todos los grupos políticos que participan en este órgano.
SANIDAD El presidente de la comisión local de Patrimonio, el edil Lorenzo de la Calle, explicó ayer que este expediente se ha dictaminado una vez que se han tenido los informes preceptivos (de la secretaría general y de los servicios sociales del consistorio) más otro tercero de la Consejería de Sanidad, que concluye que el inmueble presenta condiciones de insalubridad "en las que no se puede vivir y pide que se tomen medidas urgentes", concretó De la Calle, que añadió su intención de plantear ante la junta de portavoces que se celebra mañana que el expediente pueda llevarse al pleno del jueves "por moción de urgencia y con el consenso de todos los grupos políticos".
Ni Elviro ni De la Calle concretaron ayer qué futuro espera al edificio. Ambos recordaron que la decisión tendrá que ser colegiada tras su debate en el seno de la junta local de gobierno. En lo que sí coincidieron ambos fue en que a esta decisión seguirán otras hasta el total desalojo del inmueble. Elviro sí apuntó que su opinión es que este bloque debe tener otros usos, aludiendo a una posible utilidad administrativa una vez que se subsanen las deficiencias que presenta.
El bloque C es de titularidad del ayuntamiento. A estas primeras nueve familias se las va a realojar en otros pisos que el ayuntamiento tiene en el barrio, aunque la intención del gobierno local es que se hagan con su propiedad con la firma de las escrituras y asumiendo las hipotecas para el pago de los pisos, que mantienen los precios del año de entrega de estas promociones (entre 18.000 y 24.000 euros).
Elviro explicó que hay otras familias del bloque C a las que se dará esta misma solución, mientras que para otros casos, que no cuantificó, de familias que están ocupando las casas del bloque C de forma irregular todavía no hay una decisión definitiva.
