La Guardia Civil intensificará su presencia en la localidad de Santa Marta de los Barros, donde además se hará una campaña de inspecciones en aquellos centros de trabajo en los que se sospeche que se pudiera estar contratando mano de obra irregular. Estas son las dos medidas que acordó ayer la Delegación del Gobierno en Extremadura con el fin de paliar los problemas de convivencia y de inseguridad que se están generando en este municipio de la comarca de Tierra de Barros a causa de la presencia masiva de ciudadanos rumanos en varios asentamientos. Son unos 1.500 rumanos que han llegado atraídos por la vendimia.
La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, anunció ayer tras la reunión mantenida con el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez, que ya se ha puesto en contacto con la responsable de la Inspección de Trabajo en Extremadura para que realice esta campaña con el apoyo de la Guardia Civil. También ha contactado con los propietarios de la finca donde se encuentran los asentamientos para que se inicien los desalojos. "Se da la circunstancia de que están acampados en una propiedad privada, por lo que son los propietarios los que tienen que iniciar los desalojos por orden judicial", según Pereira. Si los asentamientos fuesen en terrenos de titularidad pública se podría aplicar la Ley de Acampada vigente, así como resoluciones municipales, informa El Peiódico Extremadura.
La delegada reconoció que la presencia masiva de estos ciudadanos ha ocasionado problemas de convivencia, "en parte debido a que se ensucian las calles y se utilizan los recursos públicos de manera inadecuada", y también de inseguridad, por "pequeños hurtos, todos para comer. Han sustraído algún cerdo, gallinas, y cosas para el consumo diario".
Este problema, según Carmen Pereira, "no es nuevo en Santa Marta", ni en otros municipios de la provincia, donde hay asentamientos en diez localidades, aunque se ha agravado por "el efecto llamada que se ha producido en los últimos años en la zona por parte de responsables municipales". También responsabilizó de esta situación a algunos empresarios agrícolas "sin escrúpulos" que contratan para la recolección de los ajos y la uva de manera irregular a ciudadanos rumanos, "que no pueden trabajar en España si no se cumplen una serie de condiciones".
