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jueves. 28.05.2026 |
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Comienza el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por tráfico de influencias y prevaricación

Gallardo, Cabezas y Sánchez, de izquierda a derecha (foto de archivo).
Comienza el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo por tráfico de influencias y prevaricación

La investigación comenzó hace dos años tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por la supuesta contratación irregular de David Sánchez en el área cultural de la Diputación pacense.

La Audiencia Provincial de Badajoz inicia este jueves el juicio por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz, una causa que ha generado una gran repercusión mediática y en la que están acusadas 11 personas por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

Entre los principales procesados se encuentra David Sánchez Pérez-Castejón, para quien se solicitan tres años de prisión y 12 de inhabilitación. También será juzgado Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación.

Las declaraciones de los principales acusados están previstas para el 4 de junio, después de varias jornadas dedicadas a testigos, peritos y agentes de la Guardia Civil..

Entre los procesados también destacan Ricardo Cabezas y Luis Carrero, para quienes se solicitan penas de hasta año y medio de cárcel, además de varios años de inhabilitación. La causa incluye asimismo a otros siete investigados.

La investigación comenzó hace dos años tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por la supuesta contratación irregular de David Sánchez en el área cultural de la Diputación. Durante la instrucción, la jueza Beatriz Biedma autorizó varios registros en la Diputación y la incautación de cerca de 60.000 correos electrónicos analizados por la Guardia Civil.

FASE DE INSTRUCCIÓN

Durante la fase de instrucción, David Sánchez aseguró desconocer detalles sobre la ubicación y funcionamiento de la Oficina de Artes Escénicas que supuestamente dirigía. Por su parte, Gallardo negó cualquier intervención en el proceso de contratación y defendió que la decisión correspondió al Gobierno provincial.

Tanto la Fiscalía como las defensas pidieron el archivo del caso, aunque la Audiencia Provincial consideró que existen indicios suficientes para celebrar el juicio, que afronta ahora su fase decisiva.

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