La Junta aportará 84 millones al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El nuevo plan del Gobierno central asigna a Extremadura 210 millones de euros, pero establece que las comunidades autónomas deben cofinanciar el 40% de la cuantía.
La Junta de Extremadura contribuirá con 84 millones de euros al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, según anunció este jueves el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda Francisco Ramírez tras la conferencia sectorial celebrada en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en Madrid.
El nuevo plan del Gobierno central asigna a Extremadura un total de 210 millones de euros, pero establece que las comunidades autónomas deben cofinanciar el 40% de la cuantía, lo que obliga a la región a aportar 84 millones de euros. Esta aportación se distribuirá en cuatro anualidades, entre 2027 y 2030, a razón de 21 millones por año.
INCREMENTO RESPECTO AL ANTERIOR PLAN
Desde la Junta se subraya que esta fórmula supone un incremento significativo respecto al anterior plan, al multiplicar por siete la aportación autonómica, mientras que la financiación estatal se incrementa en menor proporción, en torno a 2,9 veces.
Durante su intervención, el consejero Francisco Ramírez expresó su desacuerdo con el planteamiento del Ejecutivo central, al considerar que el plan no tiene en cuenta la realidad demográfica y socioeconómica de Extremadura ni las particularidades del mundo rural. Asimismo, criticó la obligatoriedad de la protección permanente de la vivienda pública incluida en el programa.
Ramírez también denunció la falta de consenso en la elaboración del documento, al afirmar que este “llega tarde” y que no ha incorporado las principales propuestas planteadas por las comunidades autónomas durante el proceso de negociación.
EL PLAN “NO OFRECE SOLUCIONES REALES”
En esta línea, el consejero sostuvo que el plan “no ofrece soluciones reales a los ciudadanos” y acusó al Gobierno de España de imponer su modelo de gestión de la política de vivienda a nivel nacional.
Por último, la Junta advierte que algunas de las condiciones del plan podrían suponer una invasión de competencias autonómicas, al vincular determinadas ayudas a cambios normativos regionales, por lo que no descarta emprender acciones legales o presentar los recursos pertinentes.