Ya hay calendario para el inicio del juicio por la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz, una causa judicial que investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y en la que también está investigado el que fue presidente de la Diputación pacense, Miguel Ángel Gallardo.

El procedimiento, que afecta a un total de once investigados, comenzará los días 28 y 29 de mayo con la celebración de las diligencias previas y cuestiones procesales antes de entrar de lleno en la fase de declaraciones.

DECLARACIONES DESDE EL 1 DE JUNIO

El calendario fijado por la Audiencia Provincial de Badajoz establece que las comparecencias de testigos y peritos arrancarán el lunes 1 de junio y continuarán durante el martes 2. Durante esas dos jornadas está prevista la declaración de cerca de una treintena de personas.

El miércoles 3 de junio comparecerán los últimos testigos citados, además de los agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación desarrollada durante la instrucción del caso.

DAVID SÁNCHEZ Y GALLARDO, CITADOS EL 4 DE JUNIO

La fecha clave del proceso será el jueves 4 de junio, jornada en la que están llamados a declarar los principales investigados de la causa. Entre ellos figuran David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo.

La investigación judicial analiza la creación y adjudicación de un puesto vinculado a la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017, una plaza que, según sostienen las acusaciones, habría sido diseñada de manera irregular para beneficiar a David Sánchez.

AMPLIA REPRESENTACIÓN DE LAS ACUSACIONES

En el procedimiento participan varias acusaciones populares y particulares. Además del Ministerio Fiscal, ejercen la acusación el sindicato Manos Limpias, los partidos políticos Vox y Partido Popular, así como asociaciones como HazteOir.org, Libertum, Iustitia Europa y la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Por su parte, las defensas mantienen que no existió irregularidad alguna en la contratación y rechazan la existencia de delitos.