FACUA Extremadura ha denunciado el cierre continuado de oficinas bancarias en la comunidad autónoma, una situación que, según la organización, está generando importantes dificultades de acceso a los servicios financieros básicos y ampliando la brecha digital entre distintos colectivos.

La asociación advierte de que en los últimos años se ha producido un retroceso significativo en la atención presencial bancaria, especialmente en zonas urbanas y rurales de Extremadura. Como ejemplo reciente, señala el cierre de una oficina en el barrio de San Fernando de Badajoz. Asimismo, destaca que en la barriada de Cerro Gordo no existe actualmente ni sucursal ni cajero automático, lo que obliga a los vecinos a desplazarse para realizar operaciones esenciales.

AFECTA GRAVEMENTE A MUNICIPIOS PEQUEÑOS

FACUA Extremadura subraya que esta tendencia afecta de forma especialmente grave a municipios pequeños, donde la desaparición de oficinas deja a la población sin acceso cercano a servicios como la retirada de efectivo, el cobro de pensiones, el pago de recibos o la gestión de préstamos. Según la organización, esta situación obliga a muchos usuarios a recorrer varios kilómetros para realizar trámites básicos.

La asociación también alerta del impacto de la digitalización bancaria en colectivos vulnerables, como personas mayores o personas con discapacidad, que encuentran dificultades para adaptarse a los servicios online o al uso de cajeros automáticos. A ello se suman, según denuncia, el incremento de comisiones por operaciones en ventanilla, la reducción de la atención presencial y la implantación de sistemas de cita previa.

FACUA critica además la posibilidad de que las administraciones públicas financien la instalación de cajeros automáticos como medida compensatoria, al considerar que no soluciona el problema de fondo ni garantiza el acceso universal a la banca. En su opinión, esta práctica supondría “premiar” a las entidades financieras por cerrar oficinas y reducir servicios.

GARANTIZAR ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS

La organización recuerda que la legislación vigente establece la obligación de proteger a los consumidores, especialmente a los considerados vulnerables, y de garantizar el acceso en condiciones de igualdad a servicios esenciales como los financieros. En este sentido, reclama que las administraciones exijan a los bancos una prestación adecuada del servicio sin recurrir a financiación pública.

FACUA Extremadura concluye su denuncia solicitando a las administraciones locales, provinciales y autonómicas que no suscriban acuerdos que incentiven a las entidades bancarias responsables del cierre de oficinas, y que adopten medidas efectivas para garantizar la atención presencial y el acceso universal a los servicios financieros en la región.